Artículo Publicado en el Suplemento Animal Político de La Razón
A seis
años de la vigencia de la nueva Constitución, se evalúa la implementación de
las transformaciones estructurales del Estado que propone el texto. Se observa
que hay rezago en estos cambios y que el atraso no está relacionado al texto en
sí, sino a factores externos.
El accidentado camino de la Asamblea Constituyente
y los meses posteriores a su clausura —el Referéndum Constitucional y las
modificaciones en el antiguo Parlamento del texto original aprobado por voto
mientras llegaba una marcha de presión en enero de 2009 para que se respete el
resultado electoral— dio como resultado el texto de la Constitución Política
del Estado (CPE) que se publicó y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009.
Aunque se pueda pensar que sus seis años de vida no
son nada o que son el tiempo suficiente para una evaluación de fondo, lo cierto
es que algunos cambios estructurales del Estado que plantea la CPE de 2009 aún
quedan en el rezago, principalmente por defectos en la implementación.
Las autonomías, una mejor justicia, el desarrollo de
dos de las tres formas de democracia (participativa y comunitaria), el respeto
a la Madre Tierra y la inclusión de lo indígena (tema que atraviesa a las
autonomías y la Justicia) no han avanzado de la manera que se quisiera, por
¿incomprensión de la CPE, falta de voluntad política, traición al texto
constitucional o trabas del pesado aparato burocrático estatal?
A seis años de vigencia de la CPE, el analista
Carlos Börth, el exdiputado Fabián Yaksic y el senador Carlos Romero evalúan la
implementación de dos de las transformaciones del Estado mencionadas: la
autonomía y la Justicia.
Con seis años de vigencia de la Constitución, ya se
plantea modificarla. Atendiendo al análisis expresado por los entrevistados, se
puede afirmar que los rezagos en el cambio estructural apuntan a un defecto de
implementación y no a una falla del texto constitucional, el que fue destacado
por el teórico Boaventura de Sousa Santos como fundacional de la
constitucionalidad plurinacional, que luego fue retomada y adaptada a su realidad
por Ecuador y el discurso de los españoles de Podemos, quienes también hacen
guiños intertextuales con la noción de “plurinacionalidad”. “Es una
Constitución que ha modificado muchas cosas y creo que su tiempo de vigencia es
todavía corto. Es prematuro tomar una decisión sobre cambiar la Constitución”,
dice Romero.
Al contrario, Carlos Börth no considera que sea
poco tiempo y ve varios pasajes que deberían ser modificados: contradicciones,
olvidos, nomenclaturas anacrónicas “debidas a los accidentes de su aprobación”.
“Ya se observan incongruencias entre el texto constitucional y la realidad, se
identifican cosas para modificar, aunque todo depende de cómo se procese la
reforma”. Yaksic, por su parte, no habla de modificaciones, sino de que “(la
Constitución) se aplique. Que se cumplan sus artículos, desde la separación de
Órganos del Estado”.
LA JUSTICIA. La CPE formulaba dos innovaciones para
reformar la Justicia: la elección por voto de las altas
autoridades y la inclusión de la justicia indígena
comunitaria. En cuanto a la Justicia, Börth dice que la CPE no tiene mayor
problema, “salvo un episodio originado en los cambios introducidos en el
Parlamento”. El texto de Oruro (modificado en el antiguo Congreso Nacional)
incluía a los altos magistrados como susceptibles de ser revocados por
referéndum. “La modificación no mantuvo la revocatoria de magistrados porque
(ésta) introducía una enorme inestabilidad. Sin embargo, en el capítulo del
referéndum quedó. Salvo eso, no hay mayor problema”.
En realidad, todo dependía de llevar a la práctica
el planteamiento de democratización, pues al texto “no le corresponde decir qué
tenían que hacer los magistrados electos más allá de sus competencias”. En los
hechos, se preseleccionó a los candidatos con “severas observaciones”, que
dejaron “sin legitimidad” al proceso. Luego, las autoridades electas “no
hicieron nada para cambiar la Justicia”. “Los magistrados terminaron agravando
la situación”, señala.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sugerido la
modificación de la CPE precisamente con relación al problema judicial. El
Presidente adelantó la realización de una cumbre de la justicia, cuyos
resultados vayan a referéndum, lo cual implica la posibilidad de “abrir” la CPE
para introducir los cambios que se vayan a proponer.
Romero señala que la democratización en la forma de
elección de los operadores “no ha resuelto los problemas de corrupción”. “Más
que un problema de la CPE, creo que hay que modificar los procedimientos,
generar controles cruzados, modernizar los sistemas de implementación de la
Justicia y atacar el núcleo de poder que permite las redes de extorsión”. El
problema va más allá de la CPE. Yaksic es tajante al cuestionar que el
oficialismo hoy pretenda reformar la Justicia, pues considera que el MAS es
culpable de haber “empeorado lo que ya estaba mal”.
La modificación constitucional que democratizó la
elección de magistrados “fue una de las grandes estafas del MAS que dejó pasar
la oportunidad de cambiar la Justicia”, dice el exdiputado. “Ahora el
Presidente y Vicepresidente se rasgan las vestiduras, cuando ellos son los
responsables. Lo que hicieron fue un diseño perverso con una preselección que
llevaba a una elección en que, se vote por el que se vote, todos eran
filomasistas”.
Esto, continúa, ha permitido “la toma del Órgano
Judicial”. Hoy, para hacer un verdadero cambio en la Justicia, “el Gobierno
debería levantar las manos y no involucrarse, para que los ciudadanos hagamos
que se cumpla la Constitución”.
AUTONOMÍAS. El diseño de tres niveles autonómicos
más un ambiguo cuarto nivel, el indígena, es una de las grandes
transformaciones de la nueva Constitución, en contraste con la anterior, de
espíritu hipercentralista y unitarista. No obstante, las autonomías avanzan
lento, solo Pando tiene estatutos vigentes. En cuanto a la autonomía
originaria, según el viceministro de Autonomías Indígenas, Gonzalo Vargas
Rivas, los municipios de San Pedro de Totora (Oruro), Charagua (Santa Cruz) y
Huacaya y Mojocoya (Chuquisaca) ya tienen sus estatutos aprobados, pero ante la
protesta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario
Campesinas (Conaioc), aún no se dio luz verde al referéndum para su aprobación;
se aduce no haber el tiempo necesario a causa de las elecciones subnacionales
del 29 de marzo; privilegiándose de este modo —se puede decir— a la democracia
liberal por encima de la comunitaria.
“El Gobierno central no entiende o no quiere
entender el espíritu autonómico de la Constitución. Esto es tan así que el 90%
de la legislación nacional viola el régimen autonómico y se inmiscuye en las
competencias subnacionales”, dice Yaksic y pone como ejemplo el Teleférico y la
Ley del Presupuesto, que dataría desde el “hipercentralismo” de Banzer. “Al
Ministerio de Hacienda (de Economía y Finanzas Públicas) no le resulta cómodo
modificar esto, porque prefiere administrar los recursos en un molde
hipercentralizado a pesar de la Constitución”.
En cambio, Romero asegura que el problema no está
en el texto constitucional, si bien el diseño autonómico es “complejo”. “La
lentitud de la autonomía no es atribuible a la Constitución, sino a una falta
de liderazgo, de insuficiente internalización de su alcance en la población de
las entidades autonómicas”. Cada autonomía debería construir su propio pacto
autonómico, sugiere.
El texto constitucional de Oruro no tenía el actual
diseño autonómico; éste resulta de una discusión posterior que a su vez
proviene de las modificaciones hechas al documento por el Congreso de entonces.
“Sin embargo, hoy la autonomía tiene un freno de
mano. En elementos clave, el Gobierno reculó incluyendo temas de locura como la
destitución de autoridades, si bien luego el Tribunal Constitucional
Plurinacional corrigió esto”, dice Yaksic. Evidentemente, la norma autonómica
permitía la destitución de autoridades electas a sola imputación fiscal. Luego
esta medida fue declarada inconstitucional, si bien bajo este argumento ya
habían sido destituidos un gobernador y varios alcaldes.
Siguiendo su cuestionamiento, Yaksic señala que
otro de los frenos de mano es que se sigue con el régimen financiero de la
Participación Popular. “En la Ley Marco de Autonomías no se quiso debatir el
cambio de ese régimen”, testimonia. Una vez más surge el alegato, según el cual
el rezago no se origina en la CPE, sino en la implementación de la política.
A esto se suma —afirma el exdiputado— la creación
de leyes que van contra la autonomía como la Avelino Siñani (competencia
concurrente) o la futura Ley de Telecomunicaciones (competencia compartida).
Por último, concluye, “no hubo una organización territorial del Estado,
seguimos con una estructura territorial colonial. Tampoco se regionalizó, salvo
en Cochabamba”.
MADRE TIERRA. La preservación de
la naturaleza o la armonía con la Madre Tierra es otro de los planteamientos de
trasformación radical del Estado. Esto debió, además, modificar la matriz
productiva. Sobre este punto, el exconstituyente Raúl Prada escribe en su texto
La desconstitución de la Constitución: “Después del conflicto del TIPNIS
(Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), el Gobierno sabe que la
Constitución es una camisa de fuerza con relación a su proyecto extractivista
expansivo. Aunque haya hecho propaganda compulsivamente para acallar las
contradicciones, incluso para ocultar el sentido de traición a la patria de su
Ley Minera, sabe que no es suficiente la propaganda (...). Requiere de una
Constitución que garantice la inversión privada extranjera, requiere atraer a
las empresas transnacionales y al sistema financiero internacional. Como se
puede ver, la distancia entre la ‘derecha’ y el gobierno progresista no es tan
grande como para temer una revolución. Más bien, la distancia es enorme entre
la práctica gubernamental y la estructura constitucional”, acusa.
Yaksic también cree que la visión de protección de
la Madre Tierra, contenida en la CPE, haya sido extraviada por el Gobierno “sin
regular siquiera a la minería cooperativista ni a la minería transnacional”.
“Lo que menos importa es el medio ambiente, no se hizo nada en minería para
amortiguar el impacto ambiental”. Sobre la posible modificación de la CPE,
Prada escribe: “Mientras no se ataque a las causas del mal, se gastan esfuerzos
perdiéndose en las ramas de un árbol otoñal”.
“No se cambia una Constitución para hacer reformas
en el régimen jurídico. Se apunta a desmantelar la Constitución, pues sigue
siendo la expresión de la movilización prolongada. El poder, es decir, el
Estado-nación, que se hace llamar Estado Plurinacional, no puede aceptar la
condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica,
como bases de la transición estatal. El Estado-nación subalterno, miembro del
orden mundial, no puede aceptar restricciones al capital internacional, a la inversión,
en la extracción de recursos naturales, digan lo que digan los indulgentes
intérpretes y defensores del Estado-nación”, cierra la idea.
Por todo lo dicho, se puede concluir que pese a los
accidentes de su aprobación, el rezago de la implementación de las
transformaciones que incluye la nueva Constitución es ajeno al texto. A pesar
de las circunstancias atropelladas de su redacción en Sucre, su aprobación en
Oruro y su modificación en el Parlamento, en La Paz, se tiene un producto audaz
en muchas materias que, sin embargo, encuentra obstáculos al momento de ser
implementado
Hay pasajes que deben modificarse: Carlos
Böhrt fue negociador de la CPE en el Congreso
Hay muchos pasajes en la Constitución que deben ser
modificados; existen problemas, inexactitudes, contradicciones, resultado de
cómo se procesó su aprobación: Sucre, Oruro y Parlamento. Hay que cambiar
varias cosas. Aunque todos sabemos que pueden haber motivaciones políticas,
como la reelección... Hay materia para modificar, el caso es cómo se procesa la
reforma.