La Paz 10 de agosto de 2016 (CORREO DEL SUR).- La huelga de hambre que durante la anterior semana mantuvo el gobernador de La Paz, Félix Patzi, reclamando más recursos para su departamento, y la posterior ola de adhesiones a su demanda, ha vuelto a poner en un lugar principal de la agenda pública nacional la manera como se distribuyen los recursos comunes.
En efecto, y a pesar de que la iniciativa del Goberna
dor paceño tuvo en un principio el aspecto de un acto de voluntarismo individual y fue opacada por las antiguas rivalidades que durante los últimos años enturbiaron sus relaciones personales con la jerarquía dirigencial del Movimiento al Socialismo, al cabo de los días terminó mostrando la real dimensión de un conflicto que durante mucho tiempo se mantuvo latente por expresa decisión del Gobierno central.
Como es fácil recordar y corroborar si se hace un recuento de las muchas disposiciones legales que durante los últimos años se han aprobado sobre la materia, se podrá constatar que los esfuerzos han estado dirigidos a mantener y reforzar la tutela del Gobierno central sobre los departamentales y municipales recortando las atribuciones de estos últimos. Y el principal instrumento de ese afán ha sido desconocer uno de sus pilares principales, como es, o tendría que haber sido, un pacto fiscal orientado a la distribución de recursos económicos de tal manera que los gobiernos subnacionales tuvieran posibilidades reales de ejercer sus atribuciones.
Lamentablemente, como se recordará, de manera sistemática y en flagrante violación de lo dispuesto por la Ley “Andrés Ibáñez”, el Gobierno central se dio modos para imponer continuas postergaciones al abordaje del tema con el fin de preservar su poder de decisión por encima de los gobiernos subnacionales, cuya real autonomía en los hechos quedó de ese modo reducida hasta casi desaparecer para todo efecto práctico. Y cuando por fin convocó al Consejo Nacional de Autonomías, en febrero de 2015, lo hizo imponiendo tantas cortapisas que los resultados fueron, como ahora se puede constatar, del todo insatisfactorios.
Tal manera de eludir la obligación de llevar a cabo un pacto fiscal real, y no uno hecho a medida de los resabios centralistas, fue posible durante los últimos años por dos factores que ahora tienden a debilitarse. El control hegemónico de gran parte de los gobiernos subnacionales –departamentales y municipales– por parte de las fuerzas oficialistas, por un lado, y la abundancia de recursos económicos, por otro, dieron el margen de maniobra necesario para burlar las expectativas autonómicas sin que el costo político resultase más alto que los beneficios.
Esas circunstancias ahora han cambiado y tienden a cambiar más aún a medida que se agravan las estrecheces que impone la disminución de los ingresos nacionales. Lo más razonable, por consiguiente, es que el Gobierno central dé una muestra de adecuación al nuevo escenario económico y político y actúe en consecuencia. De otro modo, insistir en cargar las culpas sobre los gobiernos municipales y departamentales o, peor aún, esperar que resuelvan sus apreturas económicas mediante la imposición de más pesadas cargas tributarias a los contribuyentes, sólo servirá para que la gravedad del problema vaya aumentando con el transcurso del tiempo.
Las circunstancias que hasta ahora posibilitaron que el pacto fiscal sea eludido han cambiado. Lo más razonable, por consiguiente, es que el Gobierno central dé una muestra de adecuación al nuevoescenario económico y político.