La Paz, 28 de agosto de 2017 (SEDALP).-
En fecha 18 y 19 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, delegados
de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal y equipos técnicos de las gobernaciones
de todo el país acordaron en consenso, varios aspectos referidos a los factores
críticos internos y externos que impiden una mejora de la gestión pública,
mismos que serán presentados en el Encuentro Conclusivo Nacional a realizarse en los próximos días en el
marco todavía de la 4ta. Etapa del diálogo nacional del pacto fiscal.
El
primer acuerdo de consenso se refiere a la necesidad de recuperar los recursos
del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que por disposición de dos leyes
están siendo destinados a financiar
competencias nacionales, como la exploración y explotación de hidrocarburos,
con un 12%.
“Específicamente,
pedimos en consenso que se revierta la ley 767 y que se devuelvan los
descuentos que se han hecho del IDH para este fondo de fomento a la
exploración y explotación de hidrocarburos que es competencia privativa del
nivel central del Estado. Planteamos que este fondo sea restituido y se
revierta esta medida que está perjudicando a todas las entidades territoriales
autónomas”, sostuvo el delegado de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic.
Segunda
determinación, se propondrá derogar el artículo 10 de la ley 3302, aprobada el
2005, que establece que con recursos del IDH se financien prediarios de los
centros penitenciarios del país, el bono de vacunación y de escalafón de los
médicos, entre otros aspectos de competencia nacional.
“Para
la Gobernación de La Paz, recuperar estos recursos significará alrededor de 50
a 60 millones de bolivianos, eso significa entre el 50 a 60% del IDH que sigue
financiando estas competencias nacionales”, explicó Yaksic.
Otro
aspecto planteado y consensuado, se refiere a las regalías de hidrocarburos. “Se
pedirá el respeto pleno del artículo 368 de la Constitución Política de Estado,
que establece que los departamentos productores de hidrocarburos reciben el 11%
de regalías, pero además determina que los departamentos no productores
obtendrán una participación de los porcentajes, pero sin reducir ese 11% que
corresponde a los departamentos productores. Beni y Pando ya están recibiendo
estos recursos. Y por qué no Potosí,
Oruro y La Paz, eso es lo que plantearemos en la próxima reunión”, añadió
Yaksic.
En el tema de minería se planteó la necesidad
de conformar una Comisión Técnica para trabajar las modificaciones a la Ley 535
de Minería y Metalurgia. Se propone que las gobernaciones tengan competencias
en materia reglamentaria y ejecutiva de toda la cadena de producción,
exploración, industrialización y comercialización de minerales, y por ende
tener posibilidades de optimizar las regalías mineras para las gobernaciones.
En cuanto al dominio tributario departamental
se ha establecido conformar un equipo de trabajo entre el Servicio Estatal de
Autonomías y las gobernaciones para revisar la ley 154 de “Clasificación y
definición de impuestos” para encontrar alternativas de nuevos dominios
tributarios para los Gobiernos Autónomos Departamentales.
En el área de salud, todas las gobernaciones
coincidieron en manifestar su preocupación por la dificultad de ejercer esta
competencia por la escasez de recursos económicos, por ello plantean que se
instale el Consejo Sectorial de Salud con la participación de las nueve
gobernaciones para debatir el alcance de la competencia concurrente en la
gestión del sistema de salud en todo el país.
Entre otros aspectos, se planteó que se debe
aprobar una norma para establecer que las contrapartes de las Gobernaciones en
el financiamiento de la Red Fundamental de competencia nacional sea voluntaria
y de acuerdo a sus disposiciones financieras.
“De esta forma ya no habrán débitos
automáticos u obligatoriedad de las gobernaciones de participar en el
cofinanciamiento de caminos de la red fundamental que es competencia del
gobierno central”, explicó el delegado Yaksic.
En el encuentro se trataron
alrededor varios temas, y se espera que los consensos arribados sean respetados
por el gobierno nacional.
