1.- Construcción Económico Productiva

                                 1.- Construcción Económico Productiva

LA CONSTRUCCIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA

Las condiciones de vida de la población se crean a través de sus capacidades de producirlas, transformando la naturaleza para generar los bienes que nos permitan desarrollarnos como país, como naciones y como personas. La calidad de nuestra vida depende de lo que sepamos producir y de cómo se distribuye, se socializa y se consume. Debemos superar el extractivismo primario exportador y articular un nuevo modelo productivo que articule la pluralidad de formas de producción especialmente entre lo público, lo privado, lo comunitario y lo cooperativo. El pluralismo económico dice que modos distintos de producir son articulados para producir un resultado sinérgico.

El estado es articulador a la vez que es un actor económico central en la explotación y transformación de los recursos naturales, especialmente en el sector energético e hidrocarburos, y en la regulación y dirección de la economía. No debemos volver ni al estatismo ni al neoliberalismo; el rol estratégico del Estado en la economía debe dinamizar las actividades productivas de toda la comunidad a través de Consejos de Productores tanto a nivel nacional como departamental y local, donde se planifique la producción y el desarrollo. Por eso, planteamos un fuerte vínculo entre empleo productivo y democratización, entre lo público y lo privado, entre la igualdad y crecimiento. Debemos dedicar inversión pública orientada a la productividad, es decir, innovación y transformación tecnológica, así como justicia redistributiva.

Se trata de pasar de la heterogeneidad que es la condición actual, al pluralismo económico; de avanzar en la transformación de la estructura económica boliviana que nos permita ir construyendo mayor autosuficiencia, a la vez que permita mejorar la calidad de la vida, superar el hambre y el desempleo en el país, cuidar el medio ambiente para nosotros y para las generaciones futuras. El pluralismo económico implica avanzar en la reducción de la desigualdad y en la eliminación de las relaciones de explotación entre las colectividades y los individuos. Nuestro nuevo patrón de producción y desarrollo tiene que preservar en medio ambiente, nuestro hábitat natural, la naturaleza, nuestros recursos naturales renovables y no renovables, nuestras áreas protegidas, nuestras
tierras comunitarias de origen, nuestros territorios indígenas originarios, nuestros parques nacionales y la calidad medioambiental de nuestras ciudades.

La estructura económica boliviana tiene como componente central la explotación de recursos naturales orientados a la exportación. Siendo centrales en la economía boliviana la minería y la explotación de hidrocarburos, hay que debatir y definir alternativas de reconversión de la economía boliviana, que nos permitan desplazarnos del carácter extractivista primario exportador a una estructura diversificada centrada en otras actividades productivas que no destruyan el medio ambiente y la diversidad cultural, modificando la matriz productiva, generando excedentes, empleo digno, emprendimientos comunitarios y cadenas productivas manufactureras e industriales que fortalezcan el tejido productivo. Hasta ahora la reorientación de la economía boliviana se basa solo en la reestatización de los hidrocarburos pero el modo de explotación de la naturaleza sigue siendo el
mismo.

NUESTRO MODELO BOLIVIANO: La Transformación Productiva.


Concepto

Debemos construir un nuevo modelo de desarrollo orientado al crecimiento económico sostenible social y ambientalmente, en base a la pluralidad económica, incorporando a los diferentes sectores sociales y generando un proyecto común, cuya meta sea dar oportunidades laborales y de ingreso a las nuevas generaciones y una vida digna a tod@s l@s bolivian@s.
Para ello, proponemos una agenda de transformación productiva que permita a Bolivia superar el patrón extractivista, que parta de una visión estratégica compartida y que tenga por objetivos la superación de la pobreza, la disminución de la desigualdad y el logro del bienestar social para toda la población boliviana.

La transformación productiva con generación de empleos de calidad, equidad social, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la pluralidad económica es el eje de nuestro programa de gobierno para lograr los siguientes objetivos:

Objetivos

• Aceleración del ritmo de crecimiento económico a corto, mediano y largo plazo
• Generación de empleos de calidad, y redistribución de la riqueza vía ingreso laboral
• Sostenibilidad de políticas sociales, y redistribución de la riqueza vía bienes y servicios públicos, y medios productivos
• Seguridad alimentaria y energética
• Fortalecimiento de la pluralidad económica en el marco del desarrollo
• Estabilidad macroeconómica y equidad social

Principios y valores

Para la transformación del modelo de desarrollo se requiere, en el ámbito económico, el despliegue de un proceso de incrementos de la productividad en los diferentes sectores de la economía, principalmente en aquellos que tengan capacidad de absorber la mayor cantidad de la población que entra a la actividad laboral año a año.

Los incrementos de la productividad en los diferentes sectores están asociados a una reorganización del proceso productivo que use las tecnologías y conocimientos.

En ese sentido, debemos promover la mejora continua de los procesos productivos en todos los sectores económicos –agropecuaria, industria, turismo, servicios y comercio– con incremento de productividad, innovación y agregación de valor, garantizando la justa distribución de la riqueza generada.

Este proceso de transformación productiva o industrialización de base ancha, requiere incorporar innovación tecnológica que vaya más allá de la adquisición o compra de tecnología relativamente disponible en el mercado internacional, generando una dinámica innovadora que surja desde el proceso productivo mismo; es decir, desde dentro y entre las unidades productivas. Muchos de los adelantos serán comprados pero se los va a aprehender para aplicarlos creativamente. De esta manera serán asimilados en un proceso de creación de conocimiento tecnológico propio, para que l@s bolivian@s pasemos de consumidores pasivos de tecnología foránea a productores de conocimiento aplicado a la producción.

Alinear las acciones del Estado, el sistema educativo y universitario, las unidades económicas, los trabajadores, las comunidades y la sociedad en su conjunto para que el proceso de incorporación del conocimiento en la producción se realice, será la fórmula capaz de internalizar la innovación y el aprendizaje tecnológico para que los incrementos de productividad tengan una base extendida.

Cuando la energía social se manifiesta así, asumiendo el proceso de transformación productiva como tarea colectiva, bajo la dirección del Estado, es cuando se puede decir que el proceso de desarrollo se auto-impulsa, se retroalimenta y entra en un círculo virtuoso. En este sentido, el apoyo social y el liderazgo político del más alto nivel gubernamental son condición fundamental para el éxito de las políticas de desarrollo productivo, como núcleo de una estrategia de transformación productiva.

Debemos adoptar un concepto ampliado de industrialización, donde las políticas de promoción productiva deben estar dirigidas tanto a los sectores que concentran una gran cantidad de trabajo, incluyendo las actividades de comercio y servicios, como a los sectores con mayores niveles de productividad, pero con baja capacidad de generación de empleo. Desde esta perspectiva, lograr que se produzca más y mejor con los mismos recursos, logrando incrementos de productividad en todos los sectores, constituye la base principal para el crecimiento económico sostenido, puesto que al obtener más resultado de los recursos empleados en diferentes sectores, se puede incrementar los ingresos de la gente de manera sostenida.

Lo que se busca es fortalecer a todos los actores de los encadenamientos productivos, buscando engrosarlos como eslabones productivos de las diferentes cadenas o sectores que existen, lo que conlleva una dinámica diversa de desarrollo, ya que algunos segmentos se desarrollan antes que otros y crean necesidades que impulsan a la inversión en los sectores atrasados, y así sucesivamente.

Finalmente, el objetivo de transformación económica requiere estar sustentado en un proyecto político que implica convergencias mínimas entre actores sociales, económicos y políticos, de tal manera que el campo de disputa política y de visiones e intereses distintos se configure como parte de la pluralidad; es decir, no se trata de eliminar las divergencias y los conflictos de visión, sino de superar el punto muerto que nos atrapó en la oscilación entre estrategias opuestas de desarrollo: estatismo o liberalismo a ultranza.

Esa es la visión que procura construir esta propuesta y que ordena su planteamiento con los principios que siguen:

La transformación productiva es el eje del desarrollo económico

Para lograr la transformación productiva y la superación del modelo extractivista, nuestro programa económico plantea producir mas, mejor y distintos productos, a través del potenciamiento de nuevas actividades, apoyado en el desarrollo tecnológico y la mayor productividad en el conjunto de nuestros tejidos económicos, tanto en los sectores estratégicos como en los sectores no tradicionales: agricultura, industria, artesanía, comercio, turismo y servicios, que son los mayores generadores de empleo.

Crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental.

En base a los imperativos del crecimiento con equidad y de las evidencias de la necesaria sinergia entre crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental, nuestro programa implementará políticas económicas de apoyo a productores e innovación tecnológica, y políticas sociales de incremento en el gasto en educación, salud, servicios básicos y seguridad ciudadana, para lograr el balance entre crecimiento, equidad social y sostenibilidad ambiental.

Transformación productiva en el marco de economías plurales y diversas.

Nos proponemos construir un modelo plural en el marco de una economía que incluye circuitos mercantiles y no mercantiles, combinando principios de organización individual y colectiva, de solidaridad y distribución sobre la base de las instituciones propias de Bolivia. Planteamos que el desafío en los inicios del siglo XXI, es la definición de vías de tránsito de una economía de libre mercado hacia una economía plural con mercado, redistribución y reciprocidad, como principios organizadores, guiados por los valores de solidaridad y equidad social.

Ello, implica superar la propuesta neoliberal de libre mercado, como el mecanismo de asignación de recursos, que funciona por encima de la sociedad y guiada por agentes económicos egoístas y atomizados. La propuesta política es construir social e institucionalmente una economía con mercado que incluya lógicas de reciprocidad y de redistribución y funcione sobre incentivos y señales monetarias y no monetarias.

Relaciones virtuosas entre el Estado y los actores privados en toda su pluralidad

Superando tanto la posición neoliberal privatista, de políticas orientadas a economías de mercado libre y auto-regulado, como la posición estatista burocrática, proponemos un modelo de desarrollo alternativo sostenido sobre la consideración equilibrada tanto de las ventajas como de las dificultades del mercado y del Estado y, consecuentemente, de la necesidad de complementariedad entre ambos. Es así que proponemos, que la iniciativa privada esté basada en un marco de acción pública que promueva: i) la reestructuración productiva a través de innovaciones y del fortalecimiento de los encadenamientos productivos y ii) la redistribución equitativa de la riqueza. En este sentido, planteamos que la actuación estatal no ocurra de forma unilateral como la única fuerza dirigente del desarrollo económico, sino en concertación y coordinación con los actores privados.

La consolidación institucional del Estado

Partimos del principio de que no sirve tener las “mejores” políticas en un marco institucional “mal puesto”. Por lo tanto nos planteamos como imperativo, terminar con la histórica incapacidad institucional del Estado boliviano. La definición de objetivos coherentes y alcanzables de política pública en base a pactos sociales sólidos; un marco legal de seguridad jurídica; la coordinación inclusiva con los actores sociales y económicos al margen de prácticas prebendales y rentistas; la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación en el marco de una gestión transparente, son los principales componentes de esta construcción institucional indispensable para una estrategia de transformación productiva con equidad.


Mejor posicionamiento en el orden mundial.

Partimos de la constatación que, pese a las fuerzas políticas desiguales que estructuran el orden económico mundial, existe margen para una reubicación  ventajosa para los países de industrialización tardía, como Bolivia, en la dinámica económica global. El reposicionamiento de varios países de industrialización tardía en la economía global como China, India, Corea del Sur, Taiwán, Brasil y otros, cuya conversión en competidores en mercados de productos de alto valor agregado, nos muestra la posibilidad de participar en mercados globales, para retener una mayor parte de la riqueza generada para su redistribución interna. Es posible convertir a Bolivia en un país más protagónico y mejor posicionado en las dinámicas globales.

Políticas Macroeconómicas

Las políticas macroeconómicas tienen la importante función de salvaguardar la estabilidad monetaria y financiera, condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el crecimiento. Al mismo tiempo las políticas macroeconómicas deben estar estrechamente coordinadas con las políticas microeconómicas y sociales para lograr crecimiento sostenido y aumento de la productividad en todos los sectores, pero especialmente en los sectores no tradicionales. En ese sentido, sostenemos que la macroeconomía, el tipo de cambio, las tasas de interés, el índice de precios al consumidor y la tributación, deben aportar con un horizonte de estabilidad y certidumbre a la inversión, alentando la formación de capital, la creación de empleo de calidad y el incremento de la productividad.

Para apuntalar la transformación productiva, el tipo de cambio debe recibir especial atención, ya que son abundantes las evidencias de que tipos de cambio competitivos están positivamente asociados a la capacidad de expansión de la canasta de productos exportados. Las experiencias muestran que tanto la inestabilidad, como la sobre apreciación del tipo de cambio, son factores adversos a la consolidación de las industrias de exportación de productos no tradicionales y las industrias de sustitución de importaciones en el mercado nacional. En esta perspectiva, la visión productiva del tipo de cambio deberá tener preminencia a la visión financiera, reforzando la necesidad de que el tipo de cambio apoye a la transformación productiva, hacia las exportaciones, sin descuidar el control inflacionario.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOS ANTECEDENTES NACIONALES

La crisis de los 80 y su efecto sobre la macroeconomía


La crisis de los ochenta, precipitada por un insostenible nivel de endeudamiento externo, marcó el fin del período de nacionalismo estatal y de programas de gobierno orientados a crecer mediante la sustitución de importaciones, poniendo en el centro del debate las políticas de estabilización de corte liberal. Es así que, entre 1982 y 1986, las políticas públicas en general y en particular la política económica, estuvieron determinadas por la necesidad de doblegar la hiperinflación que se instaló francamente en la economía boliviana en abril de 1984.

La implantación del modelo neoliberal en agosto de 1985, estuvo precedida por seis programas de estabilización fallidos que hicieron patente lo difícil que resultaba estabilizar la economía. Aún después de la implantación del decreto supremo 21060, que afectó tan negativamente a los sectores populares, persistió la inercia inflacionaria, las expectativas negativas, la incertidumbre sobre la tendencia del dólar y la falta de confianza en el sistema financiero.

En este contexto, la importancia asignada a la estabilidad macroeconómica, especialmente por los gobiernos, dio lugar a que durante este período no se considerara siquiera la elaboración de una estrategia de desarrollo. En efecto, la preocupación, al menos intelectual, por la “reactivación económica” se retomó solo a partir de 1989 sin que se encontrara respuestas eficaces para salir del estancamiento y del congelamiento de los procesos productivos.

Las dificultades para implantar una estrategia de crecimiento exitosa


Las políticas de estabilización y las reformas llamadas de “segunda generación”, entre ellas la “capitalización”, que se implantaron en la década de los 90, fueron insuficientes para establecer bases para el crecimiento de la economía, ni siquiera en términos de estabilidad macroeconómica. Si bien se logró el objetivo de mantener niveles de inflación relativamente bajos, el desequilibrio en los balances fiscal y externo, así como los problemas de desigualdad y pobreza se agudizaron.

El periodo reciente: crecimiento impulsado por el contexto internacional

El último ciclo de la economía mundial a partir del 2003, se basa en el alto dinamismo de la economía China que desplazó a Japón ocupando el segundo lugar en las exportaciones mundiales, después de EE.UU. Paralelamente, las importaciones de China aumentaron rápidamente, de tal forma que muchas regiones y países del mundo están dependiendo crecientemente de esas importaciones. El empuje de la economía mundial es complementado por las otras economías denominadas BRICS: Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, cuyo desempeño ha mantenido un crecimiento positivo elevado, pese a la crisis que afecta a los países desarrollados desde el 2008.

La interdependencia entre las economías de EE.UU. y China da cuenta de un 60% del crecimiento acumulado en la economía mundial. Esta relación ha impulsado el crecimiento de la mayoría de los países periféricos, como es el caso de América Latina, como proveedores de materias primas.

Un aspecto positivo a citar es que la región de América Latina fue la menos afectada por la crisis del 2008, pues pese a la desaceleración del crecimiento mundial, los niveles de exportaciones retornaron al crecimiento, con precios de alimentos y minerales en constante alza, lo que generó importantes ingresos fiscales, aunque no comparables con el periodo de expansión mundial. Sin embargo, el aspecto negativo asociado de este periodo, fue la continuación de una estructura exportadora anclada en los recursos naturales (38,8%) y manufacturas basadas en recursos naturales (20,2%), conduciendo a una “reprimarización” del patrón exportador regional.

Durante los últimos años, Bolivia ha vivido un proceso de crecimiento promedio, originado principalmente en el alza de los precios de las exportaciones bolivianas. Esto es claro, si observamos la Gráfica #1. Las exportaciones de Bolivia solo empiezan a crecer a partir del año 2004, después de más de dos décadas y media de estancamiento. Evidentemente, la coincidencia del precio de las materias primas, que son más del 85% de nuestras exportaciones, con el inicio de la exportación de gas al Brasil, ya que más del 50% de nuestras exportaciones son gas, fueron los factores principales de este crecimiento.



Recursos extraordinarios y crecimiento promedio en el periodo reciente

Es indudable el efecto positivo que tuvo el contexto internacional en las variables macroeconómicas internas. La crisis del 2008 y la vigorosa expansión de países como China, Rusia, Brasil e India, benefició a la economía boliviana a través del incremento internacional de precios por la demanda creciente de materias primas. Este flujo singular y extraordinario de ingresos, generó un alto nivel de estabilidad de la economía nacional, ingresos fiscales (como se puede ver en la Gráfica # 2) y el incremento de las reservas internacionales.
Para mostrar la cantidad de recursos extraordinarios, comparamos el presente periodo 2006-2013 con el periodo equivalente de años anteriores 1998-2005. En este periodo la suma de sus Presupuestos Generales de la Nación dieron un total de Bs.234.148 millones, a tipo de cambio actual, equivalentes a $us. 33.935 millones; mientras que en el periodo reciente 2006-2013, la suma de estos presupuestos alcanza Bs. 832.339 millones equivalente a $us. 120.628 millones. Es decir en el periodo actual, el estado dispuso más de tres veces que los recursos en el periodo anterior.



 Por otro lado, si tomamos en cuenta las transferencias realizadas a las Gobernaciones, Municipios y Universidades, podemos evidenciar que estos ingresos extraordinarios, han sido recentralizados, pasando claramente de una tasa de distribución del 22,3% al 10,84% como también podemos verlo en la Gráfica # 2. Si sumamos todas las transferencias de este periodo alcanzamos un total de Bs. 123.612 millones equivalente $us 17.915 millones, sólo el 14,85% de lo dispuesto en este periodo.

Para hacer una justa comparación en términos del crecimiento, es necesario ver otros períodos de bonanza en nuestra economía. Un periódo similar al período actual es el de 1991-1998, como podemos observar en el Gráfico # 3, cuyo promedio de crecimiento anual del PIB fue del 4.37, comparado con los últimos 8 años donde alcanzamos un 4.99. Eso quiere decir que el país tan sólo mejoró un 0,61 el crecimiento promedio, a pesar del extraordinario aumento en más de 3 veces del Presupuesto General del Estado y más de 4 veces las exportaciones. Por otra parte, existen estudios que estiman que el país requiere crecer a una tasa del 9 % durante 15 años para poder alcanzar un nivel de desarrollo similar al de la Argentina, por lo que al presente promedio de crecimiento seguimos alejándonos del nivel de desarrollo de los países de la región.




La Inflación, incluso distorsionada, mayor aún que en el periodo anterior

Existen estudios de entidades independientes, sobre el ajuste al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dan cuenta de la distorsión efectuada por el gobierno en la inflación y la pérdida del poder de compra de nuestro dinero. Este ajuste, consistió en modificar el año 2008, los ítems y grupos de los precios de bienes y servicios, base para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el Instituto Nacional de Estadística (INE), disminuyendo la importancia a los ítems y grupos de alimentación y salud, incrementando la importancia de ítems como servicios, con lo que la base para el cálculo de la inflación ya no refleja nuestra realidad económica. Los estudios de entidades independientes aducen que una inflación real, es decir en base a un patrón que refleje la realidad del País, de nuestro consumo, estaría por encima del doble de la declarada oficialmente por el INE.

A pesar de esta distorsión, se puede ver con claridad en la Gráfica #4, que en el periodo 2006-2013 la inflación declarada alcanzó un promedio de 6,76 y la inflación en el periodo anterior 1998-2005 alcanzó un promedio de 3,45.



Sin esfuerzos reales para el desarrollo social, que sólo promueven una dramática desigualdad

La renta dignidad y los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, dirigidos a la población más vulnerable: ancianos, niños y mujeres gestantes, apenas alcanzan el año 2013 al 1,5% del Presupuesto General de la Nación. Además, estos mecanismos redistributivos, ya no han tenido efectos sobre el tiempo promedio de escolaridad (9,2 años) y esperanza de vida al nacer (66,9 años), indicadores que se mantienen estancados los últimos 4 años.

Primeras señales de una realidad escondida por la política y la propaganda, la realidad detrás de las cifras macroeconómicas

A pesar de la gran cantidad de recursos extraordinarios, el gobierno no pudo poner en práctica su propio Plan Nacional de Desarrollo (2008-2011), con lo que consecuentemente no logró “impulsar el desarrollo productivo y la industrialización de los recursos naturales”. Los recursos fiscales se orientaron sobre todo al consumo, incrementando la burocracia gubernamental, olvidándose de la transformación de la estructura productiva, generando una mayor expansión monetaria, inflación, alta dependencia del Estado y el consiguiente deterioro de la situación del Tesoro General de la Nación (TGN), que empezó a mostrar signos de iliquidez a partir del 2009, tal y como lo describimos a continuación:

El riesgo de desmoronamiento de una economía de cristal: el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF)1 y del Tesoro General de la Nación (TGN)2.

 

 Si bien las cifras fiscales muestran un superávit fiscal entre los años 2006-2011, la situación del flujo de caja comienza a invertirse desde el año 2012, tal y como lo muestra la Gráfica # 5. Los indicadores muestran que la relación entre ingresos y gastos del Sector Público (Sector Público No Financiero y Tesoro General de la Nación), se empiezan a invertir, es decir, que volvemos a gastar más de lo que se recauda y donde el Sector Público No Financiero (SPNF) y el Tesoro General de la Nación (TGN), empiezan a mostrar un déficit que se incrementa cada año alcanzado los niveles de déficit de los años 2003 y 2004.

Todo ello debido a un crecimiento cada vez mayor del gasto corriente que el gobierno cubre con la emisión de bonos internacionales, lo que está endeudando peligrosamente al país, con una forma de crédito caro y no negociable porque nuestros acreedores son anónimos.

El crecimiento de los ingresos fiscales en lugar de incrementar la inversión incrementó el Gasto Corriente lo que cada vez demandará de mayores recursos, para cubrir el déficit fiscal. Por esta razón, para cubrir el déficit y con el pretexto de disminuir el gasto en subsidios y eliminar el contrabando de combustibles, a finales del 2010 el gobierno intentó, vía gasolinazo, incrementar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno.

Bonos soberanos internacionales y nacionales, gastando los recursos de generaciones futuras

La emisión de bonos soberanos en el mercado nacional, para bajar la liquidez y las presiones inflacionarias, es una política monetaria no convencional utilizada en diversos lugares del mundo. Sin embargo, el gobierno usa esta herramienta para bajar el déficit del Tesoro General de la Nación (TGN) y del Sector Público No Financiero (SPNF). Como se explicó, el gobierno dice financiar proyectos de inversión con estos Bonos, pero lo que en realidad sucede, es que los recursos que recauda el gobierno de manera convencional son utilizados para financiar el gasto corriente.

Algo similar pasa con la emisión de bonos soberanos en mercados internacionales, el fin real, es el mismo que en el caso de los bonos nacionales, con el añadido que aquellos pagan un interés más caro que los nacionales. En ambos casos, la deuda contraída a través de bonos, es por definición una deuda dura, porque el acreedor es anónimo; además, los bonos emitidos pagan un interés alto, no solo en relación al mercado nacional, sino que es muy alto para una economía que cuenta con medios de financiamiento alternativos, como créditos bilaterales y concesionales. Es más, el interés que se está pagando por los bonos emitidos en el exterior, se acerca mucho al promedio que pagan los países de la África Subsahariana y los países que están prácticamente quebrados en Europa. Además el gobierno debería condicionar este tipo de endeudamiento a proyectos cuyo rédito sea mayor al interés pagado y así garantizar tanto el pago de interés como el de capital, no tendrán consecuencias negativas para el país.


El Instituto Nacional de Estadística (INE), institución sin credibilidad

Finalmente, una de las instituciones básicas para la generación de políticas públicas es el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha perdido su credibilidad y legitimidad; primero por la manipulación del Índice de Precios al Consumido (IPC) y ahora por un censo llevado a cabo con graves errores técnicos, que van desde la incapacidad técnica en su realización, hasta la manipulación de datos. Tratándose de una institución cuya información es base, para la generación de políticas públicas de estado, es esencial reconstruir su institucionalidad y lograr recuperar su legitimidad.

NUESTRA PROPUESTA

Los Actores:


El Rol Estratégico del Estado; el rol protagónico de la sociedad

Es necesario definir en el país cómo potenciamos las ventajas y enfrentamos las falencias, tanto del mercado como del Estado, para promover la transformación productiva. Tal definición debe consensuar, tanto la provisión de bienes (agua potable, combustibles y otros), y servicios públicos (saneamiento básico, telecomunicaciones y otros) -que, bajo los principios de bienestar y equidad social, no deben ser mercantilizados-, como las modalidades de la intervención estatal en la economía para promover innovación, transformación tecnológica e incrementos de productividad, garantizando, al mismo tiempo, estabilidad macroeconómica, sostenibilidad ambiental y protección social.

Entre las falencias de mercado que más destacan están:

 1. Alta concentración de la riqueza sin objetivos ni medios eficientes de redistribución.

2. Resultados negativos en términos de sostenibilidad ambiental.

3. Baja innovación.

4. Estructuras monopólicas y oligopólicas de mercados.

5. Deficiente oferta de bienes y servicios públicos o semipúblicos para la producción.

Por otro lado, el Estado también presenta fallas igualmente dañinas, que deben ser enfrentadas de forma institucional y en coordinación con el mercado para su prevención, superación y constante corrección. Entre estas fallas están:

1. Corrupción.

2. Ineficiencia tanto funcionaria como de los procesos gubernamentales e insuficiencia de profesionales, recursos financieros y alta rotación de personal lo que genera una lógica coyuntural en la toma de decisiones.

3. Prebendalización de los recursos públicos, y riesgo de cooptación del Estado por grupos de interés.

4. Limitaciones institucionales para recolectar información para la toma de decisiones y generación de políticas públicas.

5. Incapacidad para intervenir los mercados y corregir fallas en ellos como prácticas monopólicas y otros abusos a los ciudadanos clientes de estos productos o servicios.

La comprensión equilibrada tanto de las ventajas como de las dificultades del mercado y del Estado y, consecuentemente, de la necesidad de complementariedad entre ambos actores, conduce a una vía alternativa, tanto al neoliberalismo como al estatismo, fundada sobre dos pilares: por un lado, la recuperación del rol activo del Estado en la economía, como un mecanismo para lograr los objetivos de transformación productiva, generación de empleo de calidad y la habilitación de nuevos mercados para nuestros productores; y por el otro lado, la recuperación del rol protagónico de la sociedad, en toda su pluralidad pero enfocado en un marco de compromiso social que promueva la reestructuración productiva a través de innovaciones y fortalecimiento de los encadenamientos productivos, para alcanzar empleo y salarios dignos.

En otras palabras, se puede construir una visión compartida de la actuación estatal más allá de la garantía de los derechos de propiedad, del cumplimiento de contratos y la estabilidad macroeconómica, reconociendo, al mismo tiempo, que la planificación estatal y las inversiones públicas no pueden actuar unilateralmente como únicas fuerzas del desarrollo económico.
Crecimiento sostenible basado en el impulso al sector productivo

El crecimiento de nuestra economía ya no puede basarse solo en la explotación y exportación de recursos naturales sin valor agregado. Se requiere dar paso a la transformación productiva y la diversificación de la estructura económica como condiciones necesarias para lograr tres objetivos:
• Sostenibilidad de políticas sociales para la redistribución de la riqueza vía bienes y servicios públicos de calidad y de acceso universal, y de medios productivos.
• Generación de empleos de calidad para la mejora real de los ingresos y oportunidades para los trabajadores, redistribuyendo la riqueza vía ingreso laboral.
• Aceleración del ritmo de crecimiento económico, vía incremento de la productividad y generación de valor agregado.
La transformación productiva en el nivel microeconómico es decir las empresas, microempresas, asociaciones, cooperativas, comunidades indígenas y campesinas, unidades familiares y organizaciones semi-empresariales, debe estar acompañada por políticas intermedias o mesoeconómicas, enfocadas al fortalecimiento de los encadenamientos productivos, políticas sectoriales y regionales y, finalmente, también por políticas macroeconómicas y estrategias nacionales que apuntalen dicho proceso, reconociendo la diversidad y las