FABIÁN
II YAKSIC FERAUDY
CANDIDATO
A DIPUTADO UNINOMINAL
CIRCUNSCRIPCIÓN
7
LEGISLAR,
FISCALIZAR Y GESTIONAR
CON
Y PARA LA GENTE
2015-2020
1. RECUPERAR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
2. CONSTRUIR UN FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD
3. VELAR POR LA SEGURIDAD DE TÚ FAMILIA Y LA DE TÚ BARRIO
4. IMPULSAR UNA COMUNIDAD CON CALIDAD DE VIDA
5. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LAS
AUTONOMÍAS
En
la historia de Bolivia, desde 1825 hasta nuestros días, se han impulsado
experimentos gubernamentales que no han sido sino ensayos de modernizaciones
empobrecedoras en varios sentidos, sea qua hayan sido dirigidos por miradas
oligárquicas, nacionalistas, neoliberales o populistas, tanto de izquierda o de
derecha. Lo cierto es que después de 189 años de vida republicana no hemos
podido superar los tres tipos de exclusiones estructurales que caracteriza a
nuestro país: la primera está referida a la exclusión social poblacional, donde
la marginalidad adopta rostro de mujer, joven e indígena que conlleva con
especial crudeza a la explotación económica y dominación monocultural de las
diversas nacionalidades indígeno originarias existentes en el país. La segunda
exclusión es la geográfica a partir del centralismo burocrático, ineficiente y
corrupto que ha concentrado las decisiones en materia de política económica y
social en las capitales de Departamento abandonando el resto del territorio
nacional. La tercera exclusión es la económico-productiva caracterizada por la
herencia colonial del extractivismo mono productor y mono exportador de
materias primas, que todavía caracteriza a nuestra matriz productiva, que no
genera empleo ni economía duradera para el país y sus habitantes y que nos hace
vulnerables al precio internacional de las materias primas.
Para
enfrentar estas exclusiones el Movimiento Sin Miedo plantea cinco
construcciones relacionadas con lo económico-productivo, la calidad de vida, la
interculturalidad plurinacional, la institucionalidad democrática y la
construcción autonómica. Construcciones que en el caso de nuestra candidatura
uninominal las hemos ordenado en los siguientes cinco compromisos y varias
tareas urgentes que pasamos a desarrollar.
1.- RECUPERAR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA
Se
hace imperiosa la necesidad de compatibilizar y armonizar el concepto de Estado
Plurinacional con el de República en el sentido estructural de garantizar y
consolidar la independencia y coordinación de los órganos de poder, la vigencia
irrestricta de los derechos humanos y la participación plena de la ciudadanía
en el desarrollo de la democracia representativa, directa y comunitaria, como
única fuente de poder y de gobierno.
La
construcción de institucionalidad democrática parte de mantener vivo el
espíritu constituyente en nuestra comunidad para seguir encarando las grandes
reformas estructurales e institucionales de manera democrática.
La
institucionalidad democrática implica una explícita negación a toda forma de
hegemonismo, de patrimonialismo y caudillismo presidencialista.
El
Movimiento Sin Miedo es un movimiento político que declara que la ética y el
servicio a la comunidad deben ser la esencia de la función pública.
Sostenemos
que la corrupción y la impunidad en toda la administración pública deben ser
eliminadas, como condición básica para aproximar y restablecer niveles de
confianza entre gobernantes y gobernados.
La oscuridad en la
mayoría de las contrataciones estatales sin licitación, la falta absoluta de
información, la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y una
estructura de impunidad son el marco general en el que ya es incontable el
rosario de corruptelas diarias de los gobernantes.
1.1. Impulsaremos
un SANEAMIENTO ÉTICO E INSTITUCIONAL DE
LA JUSTICIA para recuperar las garantías constitucionales y la institucionalidad
democrática; mediante una revolución moral e institucional en el Órgano
Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público que implica las
siguientes acciones:
ü MODIFICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ÓRGANO
JUDICIAL Y FISCAL GENERAL. Una reforma integral del
Órgano Judicial y del Ministerio Público deberá ser la tarea primordial para
devolverle una correcta y oportuna administración de justicia a la Comunidad.
En
el preselección y elección de Magistrados no se respetó la voluntad ciudadana
expresada en las elecciones judiciales de octubre de 2011 donde el voto nulo y
blanco ganaron mayoritariamente rechazando las candidaturas impuestas por el
MAS. Frente a la estafa masista en la justicia, en el caso de los Magistrados
del Tribunal Constitucional, Órgano Judicial y del Fiscal General, expresión
agudizada de la partidización y de la crisis de la administración de justicia,
no es posible esperar el cumplimiento de sus periodos de funciones a riesgo de
inviabilizar todo intento de saneamiento estructural; exigimos su renuncia o
promoveremos su remoción legal y hasta tanto se produzca la reforma constitucional,
su elección por sufragio popular será precedida por una ley transitoria que modifique los procedimientos parlamentarios y
establezca un organismo técnico, imparcial, independiente y ciudadano para la
selección de postulantes que solo deberán acreditar méritos profesionales,
experiencia, conocimiento y solvencia ética.
ü INSTITUCIONALIZAREMOS LA
COMISIÓN CIUDADANA de JUSTICIA Y VERDAD para
terminar con la persecución judicial, la judicialización de la política y
lograr el restablecimiento pleno de las libertades, garantías y derechos
constitucionales individuales y colectivos, y el sistema universal de los
Derechos Humanos en nuestro país.
Esta
comisión estará integrada por
JURISTAS Y PERSONALIDADES INDEPENDIENTES que en un plazo de un año, proponga a
los órganos del Estado la dictación de una AMNISTÍA para todos aquellos casos
que lo ameriten, o el re encauzamiento procesal independiente para los que
tengan evidente materia justiciable, en base a una AUDITORÍA DE TODOS LOS
PROCESOS JUDICIALES denunciados o que se denunciaren con evidentes vicios
procesales.
Esta
misma comisión, deberá esclarecer y establecer responsabilidades en la
violación de los derechos humanos y procesos judiciales manipulados por
intereses políticos durante los gobiernos de facto de las dictaduras militares,
de los gobiernos constitucionales neoliberales y del gobierno del MAS, a fin de
proponer el resarcimiento inmediato a las víctimas de la represión y violación
de sus derechos humanos por los daños personales y materiales que hubiesen
sufrido.
ü Para
ACABAR CON LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA y
el hacinamiento en los recintos carcelarios impulsaremos que la detención
preventiva sea una excepción solo en casos graves y al mismo tiempo HABILITAR
JUECES CONTROLADORES DE CELERIDAD Y LEGALIDAD PROCESAL. Gestionaremos la
modernización de la infraestructura carcelaria que haga posible la
implementación de un efectivo régimen penitenciario.
ü Para
desjudicializar los conflictos que se dan en la sociedad, regularemos e
institucionalizaremos “INSTANCIAS DE
CONCILIACIÓN CIUDADANA para resolución de conflictos entre vecinos sobre
asuntos de carácter municipal”; que al ser una competencia compartida entre
todos los niveles del Estado, artículo 299.6 de la Constitución Política del
Estado, requiere una legislación básica del nivel central y posterior
reglamentación por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) que
corresponda. Lo que implica que el Órgano Judicial instaure y reconozca ésta
especial jurisdicción para la resolución de conflictos vecinales (Art. 179.I.
CPE). Esto permitirá disminuir la carga procesal y resolver conflictos entre
vecinos que no requieran de los onerosos, morosos y tormentosos estrados
judiciales.
1.2. Fiscalizaremos
e impulsaremos el mandato constitucional que establece la independencia y
separación de poderes restableciendo la REPÚBLICA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE, Art. 12, I) para la construcción de una
institucionalidad democrática y la vigencia plena de las garantías
constitucionales de libertad, derechos humanos individuales y colectivos,
justicia e igualdad de oportunidades para todas y todos. Esto implica que:
ü REESTRUCTURAREMOS EL ÓRGANO
EJECUTIVO en un proceso de arriba hacia abajo,
empezando por los Ministerios de Estado, para adecuar la estructura de gobierno
a los fines de la Transformación Democrática, RACIONALIZANDO al máximo los
recursos públicos, el gasto corriente y la burocracia.
ü INSTITUCIONALIZAREMOS TODOS
LOS NOMBRAMIENTOS, especialmente en las instituciones
públicas de control del Estado, defensa de la sociedad y de las empresas y
autarquías estatales, primando la idoneidad profesional y la experiencia
personales, para integrar a las personas más capacitadas a la estructura y
fortalecimiento del Estado. Nos referimos a las máximas autoridades ejecutivas
del Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, Aduana, Impuestos
Internos, Administradora Boliviana de Carreteras, entre otras entidades.
ü Al
haberse suprimido las Superintendencias Sectoriales, que en los gobiernos
neoliberales gozaban de super poderes sin control, con el actual gobierno
fuimos al otro extremo con las mal llamadas Autoridades de Fiscalización y
Control Social que dependen de las máximas autoridades ejecutivas de los
Ministerios, por tanto dependen de quienes son políticamente designados por el
partido en función de gobierno, lo que les quita legitimidad y autoridad a
estas entidades llamadas a regular y fiscalizar servicios estratégicos. Por lo
que impulsaremos un proyecto de Ley que restablezca efectivamente la cualidad reguladora
del Estado a través de “AUTORIDADES DE
FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN SECTORIAL” QUE DEBEN SER ENTIDADES AUTÁRQUICAS CON
AUTONOMÍA DE GESTIÓN, para una efectiva regulación de servicios y aspectos
estratégicos en beneficio de la comunidad como AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO,
ENERGÍA, CUIDADO MEDIOAMBIENTAL, TELECOMUNICACIONES,
TRANSPORTE, HIDROCARBUROS, MINERÍA, SISTEMA FINANCIERO, entre otros.
ü REVALORIZAREMOS LAS
FUNCIONES DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO,
otra vez convertido en una mayoría silenciosa de levantamos, para convertirla
en el ESCENARIO PRINCIPAL DE LOS CONSENSOS NACIONALES PARA LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA, donde la mayoría proponga su visión programática como base de
acuerdos y consensos con la minoría y viceversa. TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS
CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEBERÁN CONSENSUAR ANUALMENTE UNA AGENDA
LEGISLATIVA DESTINADA A FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA
SOCIEDAD.
ü Planteamos
la CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTITUYENTE
PARA DESARROLLAR LA DELIBERACIÓN CIUDADANA en la CONSTRUCCIÓN DE VERDADEROS
CONSENSOS NACIONALES, no solo para la PROYECCIÓN LEGISLATIVA sino
fundamentalmente para el PERFECCIONAMIENTO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO mediante ley de reforma parcial. Sea
mediante el desarrollo legislativo o reforma parcial de la Constitución
Política proponemos al menos encarar los siguientes aspectos medulares que
requieren de consensos nacionales: procedimientos para elegir a las autoridades
judiciales del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional; modalidad de elección
de las principales autoridades en el Ministerio Público empezando con el Fiscal
General del Estado y Fiscales Departamentales; modalidad de designación y
elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales
Departamentales; la REPÚBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA; el carácter
presidencialista de nuestro gobierno; la conveniencia o no de mantener un
parlamento bicameral; las formas de consolidar el estado autonómico, la
organización territorial mediante regionalización del país, el PACTO FISCAL;
junto a toda la temática del desarrollo productivo integral, para sacar al país
de su condición primario exportadora.
1.3. Activaremos
mecanismos institucionales para lograr en toda la administración pública CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
mediante el restablecimiento de la ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A
LA COMUNIDAD mediante las siguientes acciones a impulsar:
ü
Se nombrará, de acuerdo a la Constitución
Política, un verdadero Contralor General de la República entre las
personalidades más idóneas y capaces para reconstruir un Sistema de Control
Gubernamental independiente de toda ligazón político partidaria y corporativa.
ü
Se desarrollará el PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN tanto de las
Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) como del nivel central del Estado,
para hacer efectiva la atribución fiscalizadora de las instancias legislativas
de todos los niveles del Estado.
ü
Pondremos en marcha un PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA en el que la información pública, el control y
participación ciudadana, la rendición de cuentas y el seguimiento y evaluación
sean los mecanismos principales para detectar las irregularidades funcionarias.
ü
REVALORIZAREMOS
LA FUNCIÓN PÚBLICA, capacitando a los funcionarios, DESPARTIDIZANDO LOS
CARGOS PÚBLICOS, creando una verdadera carrera administrativa con la ESCUELA NACIONAL DE GOBIERNO, mejorando
las remuneraciones, garantizando estabilidad laboral, y SUPRIMIENDO TODO CARGO
QUE NO ESTÉ DIRECTAMENTE VINCULADO A UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA Y NECESARIA PARA LA
COMUNIDAD.
ü
Estableceremos mecanismos informatizados
regulares de plena transparencia e información de la gestión pública en todos
los niveles de gobierno, hacia un efectivo GOBIERNO
ELECTRÓNICO. El acceso a la información pública debe ser irrestricto y
normado por ley. Por lo mismo, debe legislarse un verdadero SISTEMA DE
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS en todo el sector público, comenzando con el
Presupuesto General del Estado de cada gestión fiscal.
ü
INSTITUCIONALIZAREMOS LOS MECANISMOS DE
CONTROL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, legislando sus
instancias y procedimientos, privilegiando y democratizando los mecanismos de
control y participación ciudadanas directas más que los mecanismos
corporativos, principalmente en los niveles departamentales y municipales, y en
especial a la hora de la planificación operativa y la rendición de cuentas.
ü
Gestionar el gobierno con criterio de
calidad, significa optimizar el uso de los recursos, logrando el máximo
beneficio para la población, con el mínimo costo, y para ello es necesario
mejorar la calidad y la efectividad de la Inversión Pública, SUBORDINANDO EL
PRESUPUESTO A LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL y no al revés, como lo
efectúa el actual gobierno; e incrementando la inversión pública, reduciendo al
máximo el gasto corriente y operativo, especialmente en el nivel central de
gobierno.
2.-
CONSTRUIR
UN FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD mediante políticas y/o
programas a desarrollar a través del MINISTERIO
DE LA JUVENTUD a crearse, que vele
por los derechos e igualdad de oportunidades de la juventud para revertir la
vulnerabilidad en que se encuentran los y las jóvenes principalmente en materia
de empleo, emprendimientos productivos, vivienda, salud y seguridad ciudadana,
entre otros temas importantes, e implemente las siguientes políticas públicas
con su correspondiente asignación presupuestaria:
ü Potenciar
y mejorar la actual política del Gobierno Municipal de La Paz “MI PRIMER EMPLEO” transformándola en POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL,
para que las y los jóvenes tengan su primera experiencia de trabajo en la
administración pública y empresas privadas productivas donde al menos, en un
30% del total de su planilla, incorporen a jóvenes profesionales.
ü Implementar
el CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO JUVENIL, para las y los jóvenes que tengan ideas emprendedoras ACCEDAN A CRÉDITOS, cuenten con un RÉGIMEN TRIBUTARIO DIFERENCIADO, asesoramiento
técnico y tengan a disposición tecnologías de información y comunicación para
iniciar sus emprendimientos productivos.
ü INSTITUCIONALIZAR LAS
PASANTÍAS PRODUCTIVAS en toda la administración
pública, pagando el salario mínimo nacional, para alumnos destacados de los
últimos años de universidad, para que concluyan su carrera, ganen experiencia y
tengan incentivo a la investigación.
ü Con
el Ministerio de Salud impulsar el SEGURO
UNIVERSAL Y GRATUITO DE SALUD JUVENIL para la atención integral y
diferenciada en salud para jóvenes en toda la red municipal, departamental y
nacional de salud.
ü Con
el Ministerio de Vivienda impulsaremos el ACCESO
A CRÉDITOS DE VIVIENDA para generar oportunidades de soluciones
habitacionales para familias jóvenes a sola garantía hipotecaria del propio
bien inmueble.
ü Impulsaremos
el reconocimiento de ALTERNATIVAS AL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO de manera que los y las jóvenes puedan elegir
entre el servicio militar obligatorio establecido o un servicio social,
comunitario o ambiental reconocido como opcional al servicio militar
obligatorio.
ü Impulsar
el paradigma de MUNICIPIO AMIGO DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (MANA) para acabar con la violencia en contra de
nuestros niños y niñas; y la falta de oportunidades para los y las
adolescentes.
ü Implementar
la CUOTA ELECTORAL JUVENIL de al
menos el 25% de las candidaturas a cargos de elección popular para las
instancias legislativas municipales, departamentales y nacionales.
3.- VELAR
POR LA SEGURIDAD DE TÚ FAMILIA Y LA DE TÚ BARRIO.
Son
dos las dimensiones de inseguridad que encararemos desde las funciones de
legislación, fiscalización y gestión que corresponden a un Diputado. Una de
ellas tiene que ver con la inseguridad ciudadana y la otra con la situación de
riesgo en el que se encuentran todavía muchos barrios de nuestra
circunscripción.
En
lo que se refiere a la inseguridad ciudadana, evidenciamos que los organismos
policiales aparecen cada vez más incompetentes frente al crimen organizado y
mafioso, y frente a ello la sociedad o tiende a retraerse acudiendo a mecanismos parapoliciales y sistemas de
seguridad privados, o a “defenderse” ejecutando acciones punitivas por
“mano propia”, también delictivas y violentas que generan a su vez una
peligrosa espiral de violencia en el seno de la comunidad.
La población puede vivir con
carencias inclusive de servicios básicos pero no puede vivir con miedo.
La gente en los barrios tiene miedo, 2 de cada 3 personas viven con temor a ser
víctima de un delito. Vivir cada vez más seguro, es hoy un gran desafío pero
también es el primer deseo y reclamo de la población en todas las ciudades del
país, así como recuperar las calles y los espacios abiertos como expresión de
calidad de vida y lucha contra la delincuencia.
El
narcotráfico aparece en el centro del agravamiento de la delincuencia que
genera redes delictivas cada vez más extendidas, en la sociedad y el estado,
que multiplican los crímenes, los ajustes de cuentas, aparición de sicarios, el
secuestro y trata de personas, el lavado de dinero, el control delictivo de
recintos penitenciarios y la penetración de estructuras policiales y
gubernamentales, agravan el estado de indefensión e inseguridad ciudadanas.
Además
del accionar del crimen organizado, está la lacerante realidad de la violencia intrafamiliar que afecta con
especial crudeza a niñas, niños y mujeres.
El
mayor consumo de alcohol, la drogadicción, el pandillerismo y la degradación
del espacio público, son otros de los tantos factores asociados que perturban
la tranquilidad y la convivencia pacífica entre la población.
En
inspección a la EPI de Chasquipampa evidenciamos que por instrucciones del
Ministerio de Gobierno ésta EPI fue “tomada” por la UTOP, que no es un servicio
policial de seguridad ciudadana sino de operaciones especiales que tienen que
ver con la conservación del orden público. Para fines de seguridad ciudadana en
ésta EPI la Policía asignó alrededor de 30 efectivos, lo que va en
contravención con lo estipulado en la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana que en su Artículo 32 (ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES) establece
que:
“I. Las Estaciones
Policiales Integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio
Público, los Juzgados Contravencionales y los Servicios Policiales de Seguridad
Ciudadana, estos últimos encargados de la ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos departamentales,
municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. ….
III. La Policía
Boliviana, asignará recursos humanos necesarios para el funcionamiento de las
Estaciones Policiales Integrales y utilizará los bienes inmuebles donados o
transferidos, para prestar los servicios inherentes a la seguridad ciudadana”.
Otro aspecto
fundamental que impide una labor efectiva de la Policía Boliviana es la
permanente movilidad de sus principales comandantes. En el Comando Sur
(regimiento 4) y en la EPI de Chasquipampa los Comandantes son removidos varias
veces al año, impidiendo la necesaria continuidad en la implementación de los
planes y acuerdos logrados con la comunidad.
En lo que se
refiere a la situación de riesgos y fragilidad de los suelos de varios barrios
de nuestra circunscripción, donde hemos tenido ya varios deslizamientos,
amerita una intervención integral e interinstitucional para garantizar la
seguridad física de nuestros barrios.
En el
marco de las dos dimensiones de la inseguridad en nuestra circunscripción priorizaremos,
a través de iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión las siguientes
acciones:
3.1. Impulsaremos una ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA basada
en el ENFOQUE PREVENTIVO (causas del
delito antes que éste se produzca) y no enteramente REACTIVO POLICIAL (después de cometido el delito) que implica un
conjunto de iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión parlamentaria orientadas
a encarar las siguientes acciones:
ü Garantizar
el CUMPLIMIENTO DE DEBERES y la
efectiva concurrencia de todas las instituciones públicas del nivel nacional,
departamental y municipal en la lucha permanente contra la inseguridad
ciudadana, como lo establece la CPE (Art. 299, II, 13). Fortaleciendo al mismo
tiempo sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad ciudadana
de todos los y las bolivianas.
ü Promoveremos
la INDEPENDENCIA POLÍTICO-PARTIDARIA DE
LA POLICÍA BOLIVIANA, MINISTERIO PÚBLICO Y EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, de
manera que LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y TÉCNICA ESTÉ A CARGO DE LA
POLICÍA BOLIVIANA sin injerencia y manipulación desde el Ministerio de
Gobierno.
ü Impulsaremos
la RESTRUCTURACIÓN, DESCONCENTRACIÓN y
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA. Gestionaremos la mejora de las condiciones de
trabajo de la Policía Boliviana mediante la dotación de movilidades, equipos de
comunicación, la construcción y pleno funcionamiento efectivo de las ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES, a
fin de contar con una Policía especializada, digna e integrada a cada barrio,
distrito y comunidad del país.
ü Impulsaremos
la PREVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, mediante la
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS Distritales y Municipales
de Seguridad Ciudadana; y la formación de LÍDERES
DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA (jóvenes, docentes, padres de
familia y propietarios de negocios). De manera que los actores sociales, vecinales
y económicos del barrio, conjuntamente la Policía Comunitaria definan acciones
y soluciones concertadas en la comunidad, estableciendo los perímetros de
prevención del delito estableciendo el programa ZONAS SEGURAS en nuestros
barrios.
ü Fiscalizaremos
y gestionaremos la implementación de políticas de PREVENCIÓN SITUACIONAL y CUALIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO que
busca disuadir y reducir las oportunidades de actividades delictivas, mediante
el uso de tecnologías de información y comunicación: cámaras de vigilancia,
alarmas comunitarias en todos los barrios, aplicaciones en teléfonos celulares
u otros dispositivos móviles de comunicación que emitan una señal de alerta
ante cualquier amenaza o situación de riesgo. Así como mejoramiento del
alumbrado público, áreas de esparcimiento, ordenamiento urbano y fiscalización
permanente de locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
ü Impulsaremos
una efectiva PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
mediante los SERVICIOS INTEGRALES DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA con especial incidencia en mujeres, niñas, niños y
personas de la tercera edad.
ü Modificaremos
la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana estableciendo con mayor
amplitud: a) los roles de los gobiernos municipales al tratarse de una
COMPETENCIA CONCURRENTE (CPE, Art. 299, II, 13); y b) mayor énfasis y
aplicación de recursos en la prevención del delito.
3.2. Gestionaremos FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS CONCURRENTES
entre el Gobierno Municipal y Nacional en CANALIZACIONES,
EMBOVEDADOS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, que garanticen la SEGURIDAD FÍSICA DE NUESTROS BARRIOS.
4.- IMPULSAR UNA COMUNIDAD CON CALIDAD DE VIDA.
Una
comunidad con calidad de vida implica una visión del “desarrollo a escala
humana” como lo plateara Manfred MaxNeef quien concibe que el ser humano es el
fin del desarrollo. Por lo que “la economía debe servir a las personas y no las
personas a la economía”, y donde el “desarrollo se refiera a las personas, no a
objetos”. Donde el modelo desarrollo no esté centrado en el tener, sino en el
ser.
Por
ello el desarrollo económico productivo deberá estar orientado en función a
mejorar la calidad de vida de la gente, de ahí que proponemos una agenda de
transformación productiva que permita a Bolivia superar el patrón extractivista
mono productor y mono exportador de materias primas, y tenga por objetivos la
superación de la pobreza, la disminución de la desigualdad y el logro del
bienestar social para toda la población boliviana.
Es
preciso superar el punto muerto que nos atrapó en la oscilación entre
estrategias opuestas de desarrollo: estatismo o liberalismo a ultranza.
En
base a una sinergia entre crecimiento económico, equidad social y
sostenibilidad ambiental, implementaremos políticas económicas de apoyo a
productores e innovación tecnológica, y políticas sociales de incremento en el
gasto en educación, salud, servicios básicos y seguridad ciudadana, para contar
con una comunidad boliviana con calidad de vida.
La
intervención estatal en la economía debe servir para promover innovación,
transformación tecnológica e incrementos de productividad, garantizando, al
mismo tiempo, estabilidad macroeconómica, sostenibilidad ambiental y protección
social.
Bolivia
es considerada como un país de desarrollo humano medio, según el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) calculado por el PNUD el 2013. Bolivia se ubica en el puesto 108
entre los 186 países, con un valor de 0,699. Bolivia se sitúa por debajo de la
media regional que es de 0,741, y en Sudamérica sólo por encima de Paraguay.
Recordemos que el IDH expresa el bienestar a través de una media compuesta de
tres dimensiones básicas: salud, educación e ingresos.
De
los tres criterios el único que ha tenido una mejora es el del Producto
Nacional Bruto per Cápita, gracias a los ingresos extraordinarios obtenidos por
la exportación de gas y minerales.
Pero
lamentablemente cuando ajustamos el índice de Desarrollo Humano por la
desigualdad; nuestro IDH se reduce a sólo 0,444 sólo superado por algunos
países africanos y Haití.
La
gran desigualdad existente en la distribución de los ingresos entre los
bolivianos se expresa en su coeficiente de Gini, que en Bolivia es de 56,3, lo
que muestra la mayor desigualdad en Sudamérica. (El índice de GINI en honor al
estadístico Corrado Gini, mide hasta qué punto la distribución del ingreso
entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa donde el índice de Gini sería 0).
El
presupuesto del PIB per cápita que destina Bolivia a salud alcanza a $us 118
cuando el promedio de los países vecinos el 2011 fue de $us 749.
En este
sentido, la desatención del Estado en la generación de empleos dignos, salud y
educación son los mayores determinantes de la vulnerabilidad y pobreza en
nuestro país.
Por
todo lo expuesto y en procura de una comunidad con calidad de vida, a través de
iniciativas legislativas, de fiscalización y de gestión impulsaremos las siguientes acciones:
4.1.
No hay calidad de vida sin empleo digno
y permanente para ello GESTIONAREMOS Y CANALIZAREMOS RECURSOS PRODUCTIVOS CON
LA CONSTITUCIÓN DE TRES TIPOS DE FONDOS: i. Generación de EMPLEOS PERMANENTES Y
DE CALIDAD a través de la aceleración del ritmo de crecimiento económico y la
constitución de un FONDO CONCURSABLE
PRODUCTIVO destinado a la investigación, desarrollo y producción de las
materias primas e insumos de la industria que puedan producirse en Bolivia, lo
que permitirá una sostenible política de sustitución de importaciones creando
emprendimientos productivos no tradicionales que supere el patrón extractivista
mono productor y mono exportador de materias primas que caracteriza todavía a
nuestro país. ii. FONDO AGROPRODUCTIVO
para reactivar efectivamente el agro y producir lo que comemos impulsando la
seguridad y soberanía alimentaria. iii. FONDO
DE EXPLORACIÓN para incrementar nuestras reservas de gas.
4.2. Crearemos el MINISTERIO DE LA MUJER, que vele por
los derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres; e implemente políticas
públicas con su correspondiente asignación presupuestaria, destinadas a
disminuir el índice de feminicidios y
todo tipo de violencia contra las mujeres; y garantizar sus derechos políticos,
económicos y sociales.
4.3. CREACIÓN DE LA EMPRESA METROPOLITANA Y MUNICIPAL DE AGUA para acabar con la
burocracia e ineficiencia de EPSAS, y garantizar el abastecimiento de agua
potable para La Paz.
4.4. Gestionaremos financiamiento concurrente
nacional y municipal para ampliar el TRANSPORTE
MASIVO DIGNO con el PUMAKATARI para
todos los Distritos.
4.5. Gestionaremos financiamiento concurrente
nacional y municipal para la construcción de BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD en todos los Distritos de nuestra
circunscripción, extendiendo el programa a nivel nacional, con obras civiles, instalaciones de servicios
básicos y programas sociales para transformar la vida de la gente. El objetivo
fundamental de este programa es anular la marginalidad urbana en barrios
carentes de condiciones de habitabilidad óptimas.
El Programa Comunidades y Barrios de Verdad encarará
su intervención en el área rural y urbana marginal de toda Bolivia a través de
la puesta en marcha de proyectos integrales con dos componentes que, enlazados,
hacen de las zonas, lugares más habitables. Estos componentes son:
1. Componente
físico: Sistemas viales: vías peatonales, vías vehiculares, control de
riesgos, equipamientos productivos como: riego, de almacenaje y otros, sistemas
medio ambientales, equipamiento comunitario: casas comunales, parques, plazas,
canchas, servicios básicos: baños domiciliarios y mobiliario urbano.
2. Componente social: fortalecimiento de la organización vecinal, saneamiento
legal y catastral.
Este
programa exitoso en el Municipio de La Paz, está siendo replicado por el Banco
Mundial en otras capitales de distintos países como un modelo en gestión
pública local.
4.6. Impulsaremos iniciativas legislativas y de
gestión en la LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y
LA MALNUTRICIÓN a través de dos programas: el primero referido a la alimentación
escolar CONSOLIDANDO EL DESAYUNO ESCOLAR, complementado con el ALMUERZO ESCOLAR. El segundo programa
está referido al SUBSIDIO UNIVERSAL DE
LACTANCIA para todas las mujeres embarazadas y madres que no estén
atendidas por este beneficio, es decir cuya familia no cuente con un trabajo
formal esto es más del 80% de la población.
4.7. Incrementaremos en los
próximos años a un 25% DEL PIB COMO
PRESUPUESTO mínimo para garantizar el acceso universal y gratuito a la
salud; y mejorar la calidad de nuestra educación. Al mismo tiempo impulsar una
efectiva concurrencia de las
Entidades Territoriales Autónomas en la
gestión del sistema de salud y educación como establece la CPE (Art. 299,
II, 2) modificando la Ley Avelino Siñani y Elizardo Peres, y aprobando la Ley
del Sistema Boliviano de Salud.
4.8.
En materia de Salud impulsaremos la LEY DEL SISTEMA BOLIVIANO DE SALUD que
implica prioritariamente las siguientes políticas:
ü El
SEGURO INTEGRADO DE SALUD DE ACCESO UNIVERSAL
Y GRATUITO, que demanda la transformación del modelo de gestión y de
financiamiento del sistema de salud para garantizar su ejecución. Se diseñará e
implementará un esquema de MÚLTIPLES PRESTADORES, que podrán ser públicos o
privados. Este enfoque significa utilizar toda la capacidad sanitaria instalada
en el país. Para alcanzar este objetivo crearemos DOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
de los recursos destinados a la salud.
a. FONDO SUBSIDIADO O NO
CONTRIBUTIVO: se constituirá con recursos de la
Cooperación Internacional, TGN, Co-participación Tributaria, IDH e impuestos
específicos destinados a programas de promoción y prevención de las principales
patologías del país. CONSTRUIREMOS UN PAQUETE BÁSICO DE PRESTACIONES, PARA TODA
LA POBLACIÓN NO CUBIERTA POR LAS CAJAS DE SALUD, PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN
AL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO y las tasas de morbilidad del país y cada una de sus
regiones y/o municipios, tomando como criterios priorizadores, aquellas
afecciones que tengan mayor impacto en las poblaciones más vulnerables como
mujeres, niños, niñas o personas de la tercera edad, o puedan generar
discapacidades temporales o permanentes. Este paquete básico de prestaciones
serán otorgadas obligatoriamente por todo el Sector Público y, bajo el concepto
de múltiples prestadores, se concertarán costos mínimos de tratamiento con las
instituciones y organizaciones privadas con y sin fines de lucro.
b. FONDO CONTRIBUTIVO. Constituido y
financiado en base a las cotizaciones de los trabajadores asegurados a las
Cajas de Salud. Lo que implicará una reingeniería de las Cajas de Salud,
especialmente de la Caja Nacional de Salud en sus medios de financiamiento,
costos, modelos de gestión y atención, para lograr modificar la cantidad y
proporción de personal médico y administrativo, determinar la prima media en
base a un estudio serio de costos de las prestaciones para garantizar una
atención humana de calidad.
ü NUEVO MODELO SANITARIO
AUTONÓMICO
Modificaremos la
Ley Marco de Autonomías que establece actualmente competencias exclusivas y
concurrentes en el nivel central y en los niveles autónomos departamentales,
municipales, e indígena originarios, pero no plantea fuentes de financiamiento
para estas competencias, como tampoco plantea una efectiva concurrencia en la
gestión de salud de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) sobre todo referido
al personal y a las herramientas para encarar los perfiles epidemiológicos
locales y regionales.
El modelo de
gestión que planteamos, deberá desarrollarse en base a una progresiva
municipalización de la gestión de salud del Sector Público para su
consolidación en el paradigma de “Municipios Saludables”, específicamente para
la promoción y prevención en función de las determinantes de salud locales, lo
que implica la creación y fortalecimiento de las redes intermunicipales
funcionales de Salud; transformando todas las postas
de salud en verdaderos Centros de Salud con o sin camas, como puerta de entrada
al Sistema Integral en función de la densidad poblacional (municipios de más de
2000 habitantes); y los Centros de Salud sean convertidos en policlínicos con
especialidades básicas y de atención permanente y contínua.
Del mismo modo,
los hospitales de Segundo Nivel deberán convertirse en Hospitales Resolutivos
de las REDES INTEGRADAS DE SALUD, y estos Hospitales Resolutivos deben
interactuar en red, fortaleciendo en cada uno de ellos una especialidad de
acuerdo al perfil epidemiológico local. Conformadas así las redes municipales,
y en los conurbados metropolitanos las redes metropolitanas de establecimientos
de segundo nivel, se creará una GERENCIA DE REDES,
mejorando la capacidad resolutiva de los existentes y construyendo nuevos
hospitales en función de la estructuración de estas redes, descentralizando la
gestión hasta los hospitales de Tercer Nivel para otorgarles autonomía de
gestión.
ü CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD
En el presente
existen en Bolivia cinco Institutos Nacionales de Salud: el Instituto Nacional
de Salud Ocupacional (INSO), el de Laboratorios de Salud (INLASA), el de
Medicina Nuclear (INAMEN), el de Biología de Altura (IBBA), y el Centro
Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP). Además tenemos, los Institutos
Clínicos Especializados (Gastroenterológico, Oftalmológico y del Tórax), que
componen el incipiente cuarto nivel de atención.
El conjunto de estas
instituciones debe conformar el nuevo INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Este
Instituto, tendrá como uno de sus roles principales apoyar y fortalecer al
Ministerio de Salud en su función de Rectoría y a la red de servicios en el
ejercicio y desarrollo de su capacidad resolutiva. Para ello, tendrá como
funciones principales desarrollar la investigación sanitaria, estudiar y
analizar el impacto de las políticas de salud en la población; normará,
evaluará y fiscalizará el desempeño de la red de laboratorios, calidad de los
medicamentos, vacunas y otros; dirigirá investigaciones aplicadas en función de
los perfiles epidemiológicos regionales, y el impacto de las patologías
prevalentes en el territorio nacional.
ü
INTEGRACIÓN
DE LA MEDICINA TRADICIONAL AL SISTEMA DE SALUD EN LA PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO
SALUDABLE
Formalizar,
incluir, regular y certificar la profesionalidad de los practicantes de la medicina tradicional, a fin de contribuir a
la generación y aplicación de políticas de salud, especialmente de promoción y
prevención, respetando y complementando las diferentes cosmovisiones existentes
en el país, cuya meta sea crear una CONCIENCIA SANITARIA ESPECIALMENTE EN LAS
GENERACIONES JÓVENES, EN LA PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO SALUDABLE.
4.9. Impulsaremos una verdadera TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA CON CALIDAD que implica los siguientes
ejes fundamentales:
ü
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN,
que implica varias dimensiones a atender: a.
Dimensión información educativa que
nos permita contar con información confiable sobre indicadores de calidad
educativa sobre: cobertura, permanencia, promoción, relación profesor/estudiante,
costo estudiante e inversión y resultados. b.
Dimensión pedagógica donde Los
resultados del aprendizaje obtenidos por los estudiantes sean producto tanto
del desempeño docente, como de la participación activa de los padres de familia
e incluso de otros actores sociales. Por ello el nuevo enfoque será APRENDER
ANTES QUE ENSEÑAR debiendo la dimensión pedagógica comprender procesos
educativos que pongan énfasis en las áreas de lecto-escritura, matemática,
ciencias naturales y sociales. c. Dimensión
socio-psico-axiológica, favoreciendo la evaluación de factores asociados a
la personalidad, conducta, valores, capacidad de liderazgo de profesores y
estudiantes, sociabilidad, sensibilidad y competencias básicas desarrolladas
para desenvolverse en la comunidad educativa y fuera de ella. Esta dimensión
apareja: Valores éticos y morales;
Identidad y pertenencia social; Liderazgo y toma de decisiones; Trabajo en
equipo; Participación y compromiso social; Acceso y uso de tecnologías de la
información y comunicación. d. Dimensión habilidades y desempeño, que nos
permita encarar el desarrollo de habilidades y potencialidades
seleccionadas, acorde a las edades cronológicas en relación con la creatividad,
producción y capacidad de resolución de conflictos; el desempeño docente en
función de los resultados conseguidos por los estudiantes y su impacto en la
comunidad. Esta dimensión implica: Capacidad de resolución de conflictos.
Sinergias entre habilidades y potencialidades productivas. Creatividad. Innovación
para la transformación dialéctica. e.
Dimensión insumos considerando que son un factor muy importantes en la
calidad educativa los insumos y materiales educativos. Entre ellos: Materiales
educativos disponibles. Equipamiento, medios tecnológicos, laboratorios,
bibliotecas, espacios deportivos, etc. Infraestructura.
ü
MODELO
EDUCATIVO,
la educación es un hecho político y un proyecto social para la transformación,
por lo mismo, se requiere que esta visión incida plenamente en lo pedagógico
innovador y lo pedagógico innovador en lo político, para generar una teoría y
práctica dialécticas, es decir, una educación y pedagogía que no se subordinen
a intereses privilegiados, sino que sea una pedagogía de la rebeldía a todo
orden social injusto, discriminador y excluyente.
Los procesos
educativos en el aula dejarán de ser “bancarios” para emprender procesos de
enseñanza creativos, activos e innovadores. Mucho se ha escrito sobre la
enseñanza, poco del aprendizaje, pero con base a investigaciones válidas y
fiables de teorías de la enseñanza, los profesores con la comunidad tendremos
que construir una auténtica pedagogía nacional e intercultural.
El currículo, es el
conjunto de competencias básicas, contenidos, metodologías y criterios de
evaluación, debidamente planificados, es el mecanismo a través del cual se
concreta la educación. La estructura curricular debe comprender dos bloques:
Un currículum
fundamental, común y obligatorio, que, además, permita a los estudiantes
aprender a aprender y desarrollar un espíritu investigativo e innovador.
Comprende las asignaturas de: Matemáticas, Comunicación y lenguas (lenguaje,
comunicación y literatura), ciencias naturales (geografía, física, química
biología, según corresponda), ciencias sociales (historia, psicología), ética y
valores/filosofía. Concentrar la escolaridad en estas asignaturas evitará el
picoteo superficial en el enciclopedismo actual.
Un currículum
complementario, conformado por las asignaturas de: Artes (musicales,
plásticas, escénicas, danzas, etc.), educación física y deportes, talleres de
capacitación técnica y otros idiomas.
ü GESTIÓN DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA, adecuaremos el marco
normativo a fin de redimensionar los roles y funciones de autoridades locales y
departamentales en el marco de la competencia concurrente en gestión del
sistema de educación, entre todos los niveles del Estado, establecido en la
Constitución Política del Estado.
Fortaleceremos
las unidades educativas públicas y de convenio, asegurándoles autonomía,
institucionalidad, calidad de aprendizaje, mejora sustancial del desempeño y
calidad profesional de los profesores, en el marco de una nueva organización
que favorezca el principio de escuela activa, productiva y solidaria.
ü La FORMACIÓN DOCENTE
es uno de los pilares de la transformación de la educación. Sin maestros y
maestras adecuadamente formados, continuamente capacitados y permanentemente
actualizados en una visión educativa liberadora, crítica y reflexiva, es
prácticamente imposible la transformación educativa. El éxito o fracaso de un
sistema educativo no depende sólo de infraestructuras modernas, equipamiento,
ni de buenos currículos, sino de la calidad del desempeño docente, y este es
uno de los factores críticos a superar. No es posible pensar en la mejora de la
calidad, sin planificar el desarrollo profesional del docente en sus dos
etapas: formación inicial y permanente,
articulada a la innovación pedagógico/didáctica y a una sólida formación
académica de los profesores y las profesoras.
ü EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. La educación superior
universitaria, técnico-tecnológica no se ha modificado a excepción de la
creación improvisada de tres universidades indígenas cuyos resultados no se los
conoce, a pesar de que las primeras promociones deberían ya estar egresando.
Necesitamos hacer un estudio de mercado laboral; no se puede seguir formando
profesionales desocupados, que llevados por la frustración y la desesperanza
acaben en actividades laborales eventuales o precarias; o busquen emigrar para
someterse a trabajos subalternos en el exterior o, finalmente, estemos
impulsando la fuga de cerebros valiosos por falta de oportunidades, y por la
desvalorización de lo profesional, porque en ocho años de gobierno no se han
creado fuentes de trabajo, y se ha retrocedido en todos los ámbitos educativos.
Los estudios del mercado laboral nos podrán señalar la sobre oferta y las
necesidades profesionales reales que tiene Bolivia.
Generaremos
condiciones financieras, técnicas y normativas desde el Estado, en sinergia con
el sistema universitario tanto público como privado, para una mayor inversión
en investigación; impulsar la innovación y la modernización del país para
incentivar el estudio de carreras vinculadas con las técnicas, las ingenierías,
las ciencias y las tecnologías que nos permitan saltos cualitativos en la
producción, agregación de valor y comercialización de nuestros productos; para
salir estructuralmente del extractivismo mono productor y mono exportador de
materias primas que nos hace cada vez más pobres y dependientes.
4.10. IMPULSAREMOS POLÍTICAS
DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
En el ámbito del desarrollo cultural, la
educación, la producción de ciencia y la tecnología: a. dignificaremos la
vida de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de
inclusión social, promoviendo su participación constante de manera
independiente y segura en todos los ámbitos de vida del Estado. b.
Identificaremos y eliminaremos las barreras materiales y simbólicas que impidan
o limiten la participación plena de las personas con capacidades diferentes y
las de otros grupos en proceso de inclusión social. c. Incorporaremos los
lenguajes y códigos de las personas con capacidades diferentes en los sistemas
de acceso a información de todos los ámbitos de desarrollo del Estado. d. Aceleraremos
el proceso de inclusión educativa de las personas con capacidades diferentes y
otros grupos en proceso de inclusión social, en todos los niveles y modalidades
del Sistema de Educación Regular. e. Implementaremos la Escuela de Cuidadores Primarios, dirigida a toda persona que tiene
bajo su responsabilidad el desarrollo de la infancia y la adolescencia.
En el ámbito del desarrollo político. a. Transversalizaremos
un enfoque de inclusión social y garantías para el ejercicio de todos los
derechos civiles y políticos, de las personas con capacidades diferentes y
otros grupos en proceso de inclusión social. b. Protegeremos los procesos de
inclusión social de personas con capacidades diferentes y otros grupos
poblacionales, generando mecanismos legislativos que respalden la
implementación de Leyes, Políticas, planes y programas para su inclusión social
en el Presupuesto de todo el Estado. d. Garantizaremos el acceso a la justicia
de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de
inclusión social, reduciendo la dispersión legislativa vigente,
transversalizando un enfoque de inclusión social y restitución plena de
derechos en las leyes que son fundamentales. e. Garantizaremos la participación
de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de
inclusión social, en toda la estructura de participación política vigente en el
Estado.
En el ámbito económico. a. Activaremos
la participación legal y legitimada de las personas con capacidades diferentes
y otros grupos en proceso de inclusión social en todo el aparato productivo y
de servicios vigente en el Estado. b. Normaremos el establecimiento de climas
laborales saludables y adecuados para la participación económica de las
personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión
social. c. Protegeremos el empleo, salario digno, acceso a financiamiento y
créditos, consideración en el proceso de recuperación de préstamos de las
personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión
social, incorporando en estas medidas a las personas que fueran determinantes
para su seguridad material y afectiva.
En el ámbito de protección a la existencia biológica,
psicológica y social. a. Protegeremos la vida de las personas con
capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social,
valorizando su existencia ante la comunidad, considerándolas sujetos de
seguridad y su condición de vulnerabilidad frente al delito, los desastres
naturales, conmoción social o guerra. b. Transversalizaremos en el Sistema
nacional de salud un enfoque de inclusión social. (incluir en el mismo la
atención a la salud afectivo - emocional. Eliminar la discriminación en los
seguros privados de salud). c. Impulsaremos la deliberación democrática y la
aprobación de LEGISLACIÓN ESPECIAL que
de respaldo solidario efectivo a las familias que tienen a su cargo PERSONAS CON DIVERSOS GRADOS DE
DISCAPACIDAD PROFUNDA.
5.- GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO, Y LAS AUTONOMÍAS.
Las
autonomías están con freno de mano, es preciso destrabar los mecanismos que
están impidiendo la implementación plena de las autonomías, para ello es
fundamental trabajar modificaciones a la Ley Marco de Autonomías y varias leyes
sectoriales especialmente en lo referido al régimen económico-financiero y la
asignación competencial.
Es
imperiosa la necesidad de resolver los conflictos de límites intermunicipales
que están impidiendo un mayor y mejor desarrollo urbano; y pensar
estratégicamente la organización territorial del desarrollo mediante la
regionalización y especialmente la conformación de las regiones metropolitanas.
Para
ello impulsaremos iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión que
implicará las siguientes acciones:
5.1. ¡REFERENDO YA!!! PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS DE
LÍMITES y acabar con LOTEADORES Y AVASALLADORES.
Para la consolidación y respeto a la jurisdicción del Municipio de La Paz; preservación
y recuperación de nuestras áreas protegidas, espacios públicos; y seguridad jurídica a la propiedad privada. Impulsaremos
modificaciones a la Ley de Unidades Territoriales para abrogar la vieja Ley
2150 de Unidades Político Administrativas (UPAS); establecer plazos perentorios
para conciliaciones intermunicipales que no sobrepasen de un año calendario,
concluido el mismo se activará el referendo obligatorio en las áreas en disputa
territorial; y crearemos institucionalidad especializada en la resolución de
conflictos de límites intermunicipales e interdepartamentales.
5.2.
Gestionaremos la CREACIÓN e IMPLEMENTACIÓN DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ, para encarar soluciones integrales al
tratamiento de la basura, transporte masivo, abastecimiento de agua y cuidado
medio ambiental, entre otros, en concurrencia con el gobierno nacional,
departamental y los municipios del conurbado metropolitano (La Paz, El Alto,
Achocalla, Mecapaca, Palca, Viacha y Laja), como lo establece la CPE (Art. 280,
I).
5.3. CONSTRUCCIÓN DE LA BOLIVIA AUTONÓMICA, que
implica la implementación plena del régimen autonómico establecido en la
Constitución Política del Estado a través de tres ejes estratégicos:
institucionalidad autonómica, gestión autonómica-competencial y organización
territorial para el desarrollo.
ü INSTITUCIONALIDAD AUTONÓMICA
que implica:
· COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL para que no haya más enfrentamiento
entre gobierno nacional y gobiernos autónomos en el marco del respeto
irrestricto a las autoridades electas democráticamente y las competencias de
las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), para lo que desarrollaremos las
siguientes tareas: i) Funcionamiento del Consejo Nacional Autonómico (CONAUTO)
y de los Consejos de Coordinación Sectorial (CCOSEC) establecidos en la Ley
Marco de Autonomías; ii) conformación de los Consejos Regionales Económico
Sociales (CRES), como escenarios de encuentro y desarrollo de las autonomías;
iii) reorientación del Ministerio de Autonomías y efectivo funcionamiento del
Servicio Estatal Autonómico (SEAUTO), como entidad de apoyo a la construcción
del Estado Autonómico; y finalmente iv) impulso a los acuerdos
intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas.
· NUEVO SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL DEL ESTADO CON AUTONOMÍAS.
Impulsaremos una nueva LEY DEL SISTEMA
DE CONTROL GUBERNAMENTAL CONCURRENTE, que reemplace a la actual Ley SAFCO
en virtud de que la Constitución establece que el SISTEMA DE CONTROL
GUBERNAMENTAL ES UNA COMPETENCIA CONCURRENTE, por lo que la nueva norma deberá
ser adecuada para que su reglamentación y ejecución, a cargo de las entidades
territoriales autónomas, considere sus particularidades específicas,
facilitando y agilizando la gestión pública, transparentándola y haciéndola
permeable a la participación ciudadana. Por otro lado impulsaremos la LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL
DEL ESTADO AUTONÓMICO que sustituya al obsoleto SISPLAN no actualizado.
· NORMAS BÁSICAS AUTONÓMICAS Y
REESTABLECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA. Impulsaremos
la elaboración participativa y aprobación de las Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos; así como el restablecimiento de la proporcionalidad
democrática en la conformación de los órganos legislativos, especialmente
en las gobernaciones. Para ello se deberá aplicar el RÉGIMEN ELECTORAL
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA CPE COMO COMPETENCIA COMPARTIDA a
fin de resolver la actual composición de las Asambleas Departamentales que
tuvieron una sobre representación del partido mayoritario.
· Se
impulsará el efectivo reconocimiento de los Territorios Indígenas y sus autonomías.
· Se
velará por el protagonismo de la gente
en el ejercicio pleno de la participación y control social en las ETAs y
nivel central del Estado; democratizando a su vez los mecanismos de
participación y control social existentes y los que se tengan que constituir.
ü ESTE
SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO TIENE QUE VER CON LA GESTIÓN AUTONÓMICA Y LA GESTIÓN
COMPETENCIAL.
·
GESTIÓN AUTONÓMICA CON LAS
DECISIONES MÁS CERCA DE LA GENTE, para ello impulsaremos el PACTO FISCAL orientado a: i) la
generación de recursos con sostenibilidad; ii) distribución de los recursos con
equidad; iii) destino social-productivo del gasto y la inversión; iv)
administración efectiva, eficiente y eficazmente autónoma; v) transparencia y
fiscalización; vi) evaluación y ajuste recurrente.
El
Pacto Fiscal es un acuerdo económico, social y político entre el Estado (nivel
central y Entidades Territoriales Autónomas) y la Sociedad, pensado para el
corto, el mediano y el largo plazo, de tal manera que combine la distribución
de responsabilidades del gobierno nacional y gobiernos autónomos, tanto en la
generación de recursos como en el logro de objetivos de desarrollo y superación
de inequidades, con el acceso a un presupuesto adecuado para su funcionamiento y
el cumplimiento de sus responsabilidades, equitativo, regular y previsible para
el dimensionamiento y planificación de sus estrategias y sostenible en el
tiempo.
Se
trata en suma de establecer acuerdos estratégicos para definir con claridad con
QUÉ recursos cuenta cada nivel del
Estado para cumplir sus competencias asignadas estableciendo una distribución
equitativa de los mismos superando las actuales asimetrías entre regiones; QUIÉN hace qué en cada nivel del Estado
respetando y desplegando plenamente las competencias asignadas tanto a las Entidades
Territoriales Autónomas (ETAs) como al nivel central del Estado; DÓNDE se invierten mejor los recursos orientados
a generar condiciones de desarrollo y calidad de vida de la gente garantizando
un piso mínimo universal de servicios públicos que reciba todo boliviano viva
en Cobija o en Tarija; CUÁNDO se
invierten adecuadamente los recursos, es decir la oportunidad de la inversión
con eficacia y eficiencia; y CÓMO se
ejecuta la inversión pública de manera que el grueso se destine a inversión con
transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
·
GESTIÓN COMPETENCIAL con claridad y seguridad, sin improvisaciones, en
el ejercicio de las responsabilidades competenciales que implica:
MODIFICACIONES
AL RÉGIMEN COMPETENCIAL, con
los necesarios ajustes la Ley Marco de Autonomías, así como otras leyes,
adecuándolas a la CPE. Ajustes en la Ley 031 referidos especialmente a la
definición y aplicación de las competencias compartidas y concurrentes; y al
desarrollo de las competencias en los artículos 88 al 100 de dicha Ley. Se
modificarán varias leyes aprobadas en estos últimos cinco años que vulneran el
régimen competencial establecido en la CPE.
EDUCACIÓN,
SALUD Y SERVICIOS MÁS CERCANOS A LA GENTE, se trabajarán leyes y modificarán las existentes
referidas especialmente a las competencias concurrentes, donde la legislación
nacional debe dejar que la reglamentación y ejecución la desarrollen en forma
concurrente las ETAs.
LEGISLACIÓN
BÁSICA Y LEGISLACIÓN DE DESARROLLO EN LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS, lamentablemente muchas de las leyes aprobadas en los
últimos cinco años han transformado a las competencias compartidas en
competencias exclusivas del nivel central del estado que deben ser corregidas
aplicando plenamente el alcance de una competencia compartida donde el nivel
central aprueba una ley básica y las ETAs deber aprobar la legislación de
desarrollo, y asumir la responsabilidad de su reglamentación y ejecución.
ü REGIONALIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO, que implica:
·
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DESDE LAS REGIONES, con el reconocimiento
e impulso de las regiones como espacios de planificación y gestión territorial
concurrente del desarrollo, donde los actores económicos y sociales locales,
las ETAs y el nivel central del Estado acuerdan la planificación regionalizada,
lo que permitiría una efectiva concurrencia y mayor impacto de la inversión
pública a escala supramunicipal, así como haría que la mayoría de los
municipios de menos de 100.000 habitantes no estén obligados a hacer los PDMs
poco efectivos ejecutaría sus respectivos POAs en función de la planificación
regional concurrente.
METROPOLIZACIÓN
Y MEJORA INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA, a través de leyes elaboradas con el protagonismo
de las ETAs involucradas, se conformarán las regiones metropolitanas de
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz que en su conjunto albergan a más del 50% del
total de la población del país. Se conformarán Consejos Metropolitanos de
Desarrollo para encarar soluciones integrales de alcance
metropolitano a los servicios públicos urbanos de salud, educación, vialidad,
transporte, tratamiento de residuos, agua potable, manejo de cuencas,
conservación ambiental y control de la contaminación, seguridad ciudadana, y
desarrollo económico-productivo.
DELIMITACIÓN
DE UNIDADES TERRITORIALES, Elaboraremos y aprobaremos
la Ley de Unidades Territoriales, reemplazando la vieja ley de UPAS y la
reciente de Delimitación, a tiempo de crear una sólida institucionalidad
nacional técnica e independiente que permita resolver a la brevedad los
conflictos de límites mediante la conciliación inicial y un referendo final que
se realice en todas las unidades territoriales en los que existan controversias
limítrofes, donde los ciudadanos residentes en las zonas en disputa definan
democráticamente y definitivamente este tema.
La
falta de conciencia territorial de los sucesivos gobiernos ha impedido hasta
hoy que Bolivia cuente con un mapa político oficial y que más bien se vaya
acrecentando la conflictividad causada por la indefinición de todos los límites
intermunicipales e interdepartamentales.
La
ley de delimitación de unidades territoriales aprobada por el oficialismo,
lejos de resolver esta situación, no construye institucionalidad al respecto y
más bien genera nuevos problemas, como cuando define que “La Unidad Territorial
a delimitarse no podrá definir jurisdicción territorial sobre recursos
naturales estratégicos, cuerpos de agua y salares” (Art. 17).
Crearemos
el Instituto Nacional de Unidades
Territoriales (INUT) como institución pública autárquica con jurisdicción
nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del
Ministerio de Autonomías. Será la entidad encargada de formular, dirigir,
ejecutar y supervisar la implementación de las políticas estatales sobre
creación, modificación y delimitación de Unidades Territoriales, así como
diseñar, operar y administrar el Sistema de Información de Unidades
Territoriales.
