La Paz 10 de agosto de 2016 (El Diario).- El desarrollo de los municipios menos favorecidos y el combate a la extrema pobreza podrían financiarse mediante un fondo, recomendó el economista Darío Monasterio
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| Autoridades y organizaciones exigen un Pacto Fiscal. |
En su opinión, la coyuntura es propicia para debatir el Pacto. Planteó la formación de un fondo económico para alentar el desarrollo y combatir la extrema pobreza en regiones y municipios menos favorecidos.
En Bolivia hay 1.8 millones de personas en situación de extrema pobreza, según lo reconoció el Gobierno. Las personas con pobreza moderada representa adicionalmente casi 40 por ciento de la población boliviana.
OPORTUNIDAD
“Es el mejor momento para discutir el tema del Pacto Fiscal”, reiteró, porque de esta manera puede avanzarse en la transferencia de responsabilidades, así como de recursos y aminorar los gastos del Gobierno central.
TRANSFERENCIA
El asesor de comunicación de la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cuéllar, explicó que el Gobierno Central transfirió la administración de hospitales de tercer nivel a esa instancia subnacional, sin la asignación de nuevos recursos. Ello conlleva más limitaciones presupuestarias, asintió.
CONSEJO
Las autoridades del Gobierno señalan que hasta finales de mes se reunirá el Consejo Nacional de Autonomías, y a esta instancia deberán presentar propuestas las entidades autónomas y cambiar la metodología de debate e ingresar en el tema del Pacto Fiscal.
TIEMPO Y MATERIA
En la última reunión sobre el tema, se acordó un diálogo de cinco etapas para llegar luego al tema del Pacto Fiscal, pero ahora las gobernaciones pretenden una discusión en tiempo y materia, que no está dentro del proceso acordado, y para ello las entidades autónomas deben enviar propuestas destinadas a modificar la metodología aprobada.
REDISTRIBUCIÓN
Monasterio opinó que el Ejecutivo debe avanzar en la distribución de recursos y las gobernaciones deben ampliar su participación en la coparticipación tributaria, así como en la implementación de tributos para incrementar sus ingresos.
Señaló que el Gobierno no es eficiente en algunos sectores, mientras las regiones autónomas sí lo son, ya que conocen más de acerca las necesidades de la población y, por lo tanto, pueden aplicar programas sociales y económicos.
PRETEXTO
Con relación a los argumentos del ministro de Autonomías, Hugo Siles, en sentido de que los municipios deben presentar previamente sus cartas orgánicas para la discusión del Pacto Fiscal, Monasterio señaló que es solo un pretexto para no dialogar, ya que el marco jurídico para ingresar en el debate sobre la materia está dado con la Ley de Descentralización y Autonomías, y respaldada por la Constitución Política del Estado.
Asimismo, reiteró que las gobernaciones, por lo menos, deben aumentar su coparticipación de los impuestos nacionales en un 15 por ciento, de acuerdo a la teoría fiscal, acorde a la población. En 2001, en el penúltimo censo nacional, indicaba que la población migrante alcanzaba al 15 por ciento, agravando la disponibilidad de los recursos existentes. Mientras los municipios ya participan con un 20 por ciento, agregó.
FONDO
Asimismo, dijo que al tomar en cuenta el desarrollo desigual que registran las entidades autónomas del país, tanto gobernaciones como municipios, planteó una división de 50-50, para mejorar la distribución de los recursos.
Dentro de la misma propuesta se incluye el fondo que se destinará a las regiones que necesiten mayores recursos o tengan problemas financieros, también servirá para municipios y para mancomunidades.
90% TIENE EL GOBIERNO
Explicó que, actualmente, el Gobierno central dispone de 90 por ciento de los recursos fiscales, y solo el resto se distribuye a las regiones, lo que significa un porcentaje reducido que no ayuda a las regiones a profundizar su autonomía y asumir el reto del desarrollo local y regional.