La Paz, septiembre 14, 2017 (SEDALP).- En consenso, delegados de las nueve gobernaciones y representantes del sistema asociativo municipal: FAM-Bolivia (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia) y AMB (Asociación de Municipalidades de Bolivia) insisten en la necesidad de recuperar los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que por disposición de dos leyes son destinados a financiar competencias nacionales, como la exploración y explotación de hidrocarburos, con un 12%. La demanda común fue presentada al gobierno nacional durante el Encuentro Conclusivo de la 4ta. Etapa del proceso de diálogo del Pacto Fiscal, realizado entre el 12 y 13 de septiembre en La Paz.
“Todas las delegaciones han solicitado, en consenso, se revierta el 12% de los recursos del IDH porque el desvío de estos fondos es ilegal e inconstitucional. Ojalá que el gobierno central asuma esta solicitud en la magnitud de su importancia para las regiones y municipios“, aseveró Fabián Yaksic, delegado a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal por el GADLP.
Al respecto, en representación de los municipios, el director ejecutivo de la FAM-Bolivia, Jerges Mercado, planteó la solicitud de devolución del 12% de recursos del IDH, demandada durante los encuentros departamentales del Pacto Fiscal.
“Dado que ese 12% no se ha utilizado y al momento esos recursos están en una cuenta debido a que resultan insuficientes para una autentica y eficaz exploración de hidrocarburos, los municipios solicitan la devolución de ese fondo descontado, que para el sector petrolero puede no significar mucho, pero que para un municipio tipo A o B, representa el 35% de sus ingresos y lamentablemente son recursos que han tenido que aportar para buscar las reservas que no se encuentran desde hace 10 años”, argumentó Mercado.
En respuesta a ésta demanda, el gobierno nacional planteó el tratamiento del tema en la 5ta. Etapa del Pacto Fiscal, establecida para el análisis de las fuentes de recursos públicos.
En relación a los recursos del IDH, se demandó también derogar el artículo 10 de la Ley 3302, aprobada el año 2005, que establece el financiamiento de competencias nacionales con fondos del Impuesto a los Hidrocarburos, tales como los prediarios y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario; bono de vacunación y del escalafón al mérito del personal de salud.
“Todos esos montos que están establecidos en esta Ley, le significan a las gobernaciones más o menos entre Bs. 200 y 300 millones. Al departamento de La Paz le restan un aproximado de Bs. 50 millones en su presupuesto. Al respecto, también hubo consenso y se contó con el respaldo de la FAM-Bolivia y de la AMB, para que las gobernaciones logren recuperar estos fondos que no pueden seguir financiando competencias que no les corresponden, y que sea el gobierno nacional quien las asuma”, afirmó Yaksic.
En torno a éste requerimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se comprometió a realizar el análisis y las consultas respectivas para dar la respuesta en un plazo de diez días.
“Esperamos que el gobierno nacional tome en cuenta la solicitud formulada en consenso y el respaldo que hubo a la necesidad de contar con estos recursos para asumir las competencias propias de los gobiernos departamentales. No podemos seguir asumiendo competencias del gobierno nacional”, insistió el Delegado del GADLP.
En referencia a la transferencia de competencias sin previo análisis de recursos financieros, el Director de la FAM-Bolivia informó que en el Encuentro Conclusivo Nacional “se demandó, en consenso, la necesidad de dotar a las autonomías subnacionales de ciertas garantías para que ningún nivel les imponga otros costos que no estén contemplados en sus competencias y si se lo hace, se haga previo consenso, indicando la fuente de financiamiento de esa competencia”.
CONSEJOS SECTORIALES
En cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías se conformarán Consejos Sectoriales de Minería y Salud, para el análisis y búsqueda de soluciones estructurales a los problemas de éstas áreas.
“Para lograr que las gobernaciones participen en la cadena productiva de minería, para tener mayores niveles de fiscalización de la actividad minera, tanto en términos ambientales como en términos productivos y su comercialización es que se va a instaurar el Consejo Sectorial de Minería, a la cabeza del Ministro del área, como establece la Ley Marco de Autonomías, con participación de las gobernaciones y los municipios”, explicó Yaksic.
En el área de Salud, se remarcó que es un tema estratégico que no está resuelto en el país y que es una de las grandes debilidades de la gestión pública.
“Se ha planteado la necesidad de que el Ministerio de Salud deje de generar políticas ignorando el trabajo de las gobernaciones y de los municipios. Hay que resolver el tema competencial. Las gobernaciones con los recursos que tienen, no pueden seguir asumiendo una competencia tan grande como es la de los hospitales de 3er nivel; hay temas de ítems que se debe resolver; el trabajo del SEDES; el último decreto que emitieron, creando una autoridad de fiscalización por encima de la competencia rectora que tienen los Servicios Departamentales de Salud que están a cargo de las gobernaciones. Por ello, es importante que el Consejo Nacional de Autonomías apruebe la instalación del Consejo Sectorial de Salud”, añadió el Delegado Yaksic.
“El tema salud aún está inconcluso en el país, hay muchas dificultades de infraestructura; de equipamiento; de cantidad de médicos; del servicio; de la calidad de la salud; hay necesidad de abordar esta problemática estructuralmente”, consideró el director de la FAM-Bolivia, Jerges Mercado.
AVANCES EN MATERIA NORMATIVA
Durante las dos jornadas del Encuentro Conclusivo Nacional, se acordó instalar mesas de trabajo para el análisis de temas administrativos que dificultan una eficiente gestión pública. Se trabajará una nueva Ley de Presupuesto, que implique modificaciones a los procedimientos administrativos; se formulará de manera conjunta la Ley de Gestión Pública Plurinacional, planteada para viabilizar reformas y modificaciones a la Ley SAFCO y al procedimiento de contrataciones de bienes y servicios. Se consensuó también instalar una comisión para tratar temas tributarios
“Han sido avances importantes, quizá todavía con sabor a poco, en términos de recursos, pero esperamos que en la etapa quinta, la última, se definan estos temas”, finalizó Yaksic.
El próximo encuentro de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal será en 10 días en la ciudad de Santa Cruz para definir la metodología que permitirá encarar el debate de la quinta y última etapa que tiene que ver con el análisis de las fuentes de recursos públicos, alternativas de financiamiento y las propuestas de reformas al régimen económico financiero vigente.
