Esta operación financiera incestuosa entre entidades del Estado le permite al Gobierno Nacional recurrir al Fondo de Pensiones administrado por la Gestora para tapar huecos del BCB y TGN. Con esto ¿no peligran los recursos del sistema de pensiones? ¿Cuál es el límite del Gobierno Nacional para usar estos recursos? ¿Hay garantía de que el Gobierno Nacional devuelva estos recursos? ¿Esta operación fue definida por la Gestora en base a estudios de conveniencia financiera o ha sido impuesta por el Gobierno Nacional? Estas preguntas requieren una urgente respuesta del Gobierno y aclaración de parte de la Gestora.