Artículo publicado por el Diputado Fabián II Yaksic en el el periódico La Época de fecha 13 de febrero.
Hay varios factores que han provocado una suerte de ostracismo del proceso autonómico especialmente por el comportamiento de los liderazgos regionales que luego de un momento crítico y altamente conflictivo que vivió el país desde la elección inconstitucional de Prefectos a fines del 2005 y hasta el referendo revocatorio, donde el Presidente Evo Morales sale fortalecido en desmedro de las fuerzas regionales (1) . Fueron casi tres años de intensa actividad política donde los Prefectos de oposición y los todavía fuertes Comités Cívicos enarbolaron las banderas de la autonomía departamental para conducir procesos importantes de cabildos y luego referendos que aunque legítimos, su ilegalidad especialmente de las consultas por Estatutos Autonómicos en Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, organizados entre los meses de mayo a junio de 2008, le restaron credibilidad y lo único que obtuvieron las élites de entonces fue polarizar la confrontación para ser luego derrotados políticamente (referendo revocatorio) e incluso militarmente (estado de sitio y apresamiento del ex Prefecto de Pando). Los sucesos descritos provocaron una diáspora de los grupos autonómicos recalcitrantes hoy ausentes, en el autoexilio o procesados.
Lo descrito, sumado a los resultados de las Elecciones del 4 de abril, donde el MAS terminó con el control de seis de las nueve gobernaciones, hoy siete con el “político refugiado” en Paraguay y Gobernador electo de Tarija sustituido por un Asambleísta del MAS y con algo más de 200, de los 333 municipios existente, bajo administración de Alcaldes que responden al partido de gobierno; con la FAM primero asaltada y luego ganada por Alcaldes y operadores oficialistas, configuran un cuadro sui generis, pues paradójicamente, en la práctica, en gran medida, está en manos del oficialismo masista que la implementación del proceso autonómico sea o no existosa. Por ahora el proceso está estancado y sin liderazgos nacionales efectivos, salvando la importancia que tendrán en el proceso especialmente los municipios capitales, que en su mayoría sus máximas autoridades ejecutivas no son del MAS, al menos por ahora o hasta que sean “suspendidos temporalmente” por acción de algún oficioso fiscal.
Los Alcaldes, alcaldesas, Gobernadores, Concejales y Asambleístas Departamentales y Regionales electos y electas especialmente bajo bandera del MAS es de esperar que no tengan embargada la palabra, el pensamiento y la lucha por el ejercicio pleno de las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, y salgan del ostracismo al que parecen estar sumergidas por los trastornos políticos de la coyuntura.
Si bien buena parte del destino de las autonomías está en manos de las autoridades subnacionales y nacionales del oficialismo, la exitosa o no efectiva implementación del Estado descentralizado y con autonomías contemplado en la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), no depende de un solo actor. La voluntad política e institucional depende tanto del nivel central del Estado, que por ahora le va poniendo más bien trabas al proceso, de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y la ciudadanía toda.
Las ETAs, de acuerdo a la Constitución y la LMAD son la institucionalidad (Gobiernos Autónomos) que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley. La Unidad Territorial, de acuerdo a la LMAD es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado (departamento, provincia, municipio, región o territorio indígena originario campesino).
Implementar el régimen de las autonomías establecido en la nueva Constitución Política del Estado es entender sobre todo que se tratará de un proceso asimétrico, es decir, que en cada Departamento, Región, Municipio o Entidad Territorial Indígena Originario Campesina la implementación no puede ser homogénea, pues la misma se ajustará a sus especificidades departamentales, regionales, locales y/o culturales, así como a la capacidad institucional que muestren las respectivas ETAs. Será un proceso necesariamente gradual en la medida que muchas competencias no serán plenamente asumidas de una sola vez y de manera simultánea por todas las Entidades Territoriales. La implementación deberá ser solidaria a fin de generar un mecanismo de distribución y transferencias de recursos a las Entidades Territoriales que logre superar los desequilibrios departamentales, regionales y locales provocados por el actual sistema asimétrico de distribución de recursos que exige compensaciones solidarias y mecanismos de distribución más equitativos. Finalmente la implementación debe ser democrática, sobre todo en la elaboración legislativa nacional, departamental y municipal que se debe desarrollar. Especialmente la legislación sectorial, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, deben ser elaborados o cuando corresponda, adecuados a la CPE, con amplia participación de todos los actores sociales y territoriales.
La implementación del régimen de autonomías establecido en la nueva CPE implicará así mismo enfrentar los siguientes desafíos:
i ) Gestión, planificación y organización territorial: hacia la gestación de pactos territoriales entre Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) al interior de cada Departamento para garantizar mínimos niveles de gobernabilidad democrática en la implementación autonómica. El desafío más importante en esta materia será trabajar colectivamente, entre el nivel central del Estado y las ETAs la Ley de Unidades Territoriales para resolver los conflictos de límites.
ii) Distribución y generación de recursos: hacia un pacto fiscal, que modifique el actual proceso de descentralización fiscal-financiera, que ha provocado enormes inequidades intra e inter departamentales generado por el actual sistema de distribución de recursos, fundamentalmente provenientes de la explotación de la riqueza hidrocarburífera.
iii) Asignación y ejercicio competencial: hacia un pacto competencial en base a la distribución y delegación contemplada en la CPE evitando la superposición de competencias y acabando con situaciones en que algunos servicios básicos no se ofrecen a la población o se lo hace insuficientemente. El desafío más importante de las ETAs en materia competencial está en la adecuación según corresponda, elaboración y puesta en vigencia constitucional de los Estatutos Autonómicos de cada Gobernación y las Cartas Orgánicas a nivel municipal.
Es de esperar, que tanto desde el nivel central del Estado como desde las ETAs, seamos más audaces y comprometidos con el proceso autonómico, de lo contrario esto podría implicar una profunda decepción colectiva en todas las regiones y en quienes con mucha esperanza creemos en mejores días con autonomías.
(1). El momento de ruptura del “empate catastrófico” y “punto de bifurcación” como diría el Vicepresidente García Linera, fue el resultado del referendo revocatorio de agosto de 2008. Referendo que fue estimulado por Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa en una muestra de falta de tino político de estos dirigentes que pagaron un alto costo político por improvisados provocadores desprevenidos.
Lo descrito, sumado a los resultados de las Elecciones del 4 de abril, donde el MAS terminó con el control de seis de las nueve gobernaciones, hoy siete con el “político refugiado” en Paraguay y Gobernador electo de Tarija sustituido por un Asambleísta del MAS y con algo más de 200, de los 333 municipios existente, bajo administración de Alcaldes que responden al partido de gobierno; con la FAM primero asaltada y luego ganada por Alcaldes y operadores oficialistas, configuran un cuadro sui generis, pues paradójicamente, en la práctica, en gran medida, está en manos del oficialismo masista que la implementación del proceso autonómico sea o no existosa. Por ahora el proceso está estancado y sin liderazgos nacionales efectivos, salvando la importancia que tendrán en el proceso especialmente los municipios capitales, que en su mayoría sus máximas autoridades ejecutivas no son del MAS, al menos por ahora o hasta que sean “suspendidos temporalmente” por acción de algún oficioso fiscal.
Los Alcaldes, alcaldesas, Gobernadores, Concejales y Asambleístas Departamentales y Regionales electos y electas especialmente bajo bandera del MAS es de esperar que no tengan embargada la palabra, el pensamiento y la lucha por el ejercicio pleno de las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, y salgan del ostracismo al que parecen estar sumergidas por los trastornos políticos de la coyuntura.
Si bien buena parte del destino de las autonomías está en manos de las autoridades subnacionales y nacionales del oficialismo, la exitosa o no efectiva implementación del Estado descentralizado y con autonomías contemplado en la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), no depende de un solo actor. La voluntad política e institucional depende tanto del nivel central del Estado, que por ahora le va poniendo más bien trabas al proceso, de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y la ciudadanía toda.
Las ETAs, de acuerdo a la Constitución y la LMAD son la institucionalidad (Gobiernos Autónomos) que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley. La Unidad Territorial, de acuerdo a la LMAD es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado (departamento, provincia, municipio, región o territorio indígena originario campesino).
Implementar el régimen de las autonomías establecido en la nueva Constitución Política del Estado es entender sobre todo que se tratará de un proceso asimétrico, es decir, que en cada Departamento, Región, Municipio o Entidad Territorial Indígena Originario Campesina la implementación no puede ser homogénea, pues la misma se ajustará a sus especificidades departamentales, regionales, locales y/o culturales, así como a la capacidad institucional que muestren las respectivas ETAs. Será un proceso necesariamente gradual en la medida que muchas competencias no serán plenamente asumidas de una sola vez y de manera simultánea por todas las Entidades Territoriales. La implementación deberá ser solidaria a fin de generar un mecanismo de distribución y transferencias de recursos a las Entidades Territoriales que logre superar los desequilibrios departamentales, regionales y locales provocados por el actual sistema asimétrico de distribución de recursos que exige compensaciones solidarias y mecanismos de distribución más equitativos. Finalmente la implementación debe ser democrática, sobre todo en la elaboración legislativa nacional, departamental y municipal que se debe desarrollar. Especialmente la legislación sectorial, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, deben ser elaborados o cuando corresponda, adecuados a la CPE, con amplia participación de todos los actores sociales y territoriales.
La implementación del régimen de autonomías establecido en la nueva CPE implicará así mismo enfrentar los siguientes desafíos:
i ) Gestión, planificación y organización territorial: hacia la gestación de pactos territoriales entre Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) al interior de cada Departamento para garantizar mínimos niveles de gobernabilidad democrática en la implementación autonómica. El desafío más importante en esta materia será trabajar colectivamente, entre el nivel central del Estado y las ETAs la Ley de Unidades Territoriales para resolver los conflictos de límites.
ii) Distribución y generación de recursos: hacia un pacto fiscal, que modifique el actual proceso de descentralización fiscal-financiera, que ha provocado enormes inequidades intra e inter departamentales generado por el actual sistema de distribución de recursos, fundamentalmente provenientes de la explotación de la riqueza hidrocarburífera.
iii) Asignación y ejercicio competencial: hacia un pacto competencial en base a la distribución y delegación contemplada en la CPE evitando la superposición de competencias y acabando con situaciones en que algunos servicios básicos no se ofrecen a la población o se lo hace insuficientemente. El desafío más importante de las ETAs en materia competencial está en la adecuación según corresponda, elaboración y puesta en vigencia constitucional de los Estatutos Autonómicos de cada Gobernación y las Cartas Orgánicas a nivel municipal.
Es de esperar, que tanto desde el nivel central del Estado como desde las ETAs, seamos más audaces y comprometidos con el proceso autonómico, de lo contrario esto podría implicar una profunda decepción colectiva en todas las regiones y en quienes con mucha esperanza creemos en mejores días con autonomías.
(1). El momento de ruptura del “empate catastrófico” y “punto de bifurcación” como diría el Vicepresidente García Linera, fue el resultado del referendo revocatorio de agosto de 2008. Referendo que fue estimulado por Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa en una muestra de falta de tino político de estos dirigentes que pagaron un alto costo político por improvisados provocadores desprevenidos.