21 sept. 2010

MSM y sectores señalan que nueva Ley de Pensiones confiscará los ahorros de la jubilación


El asambleísta Fabián Yaksic expresó el compromiso de abrir el debate de la Asamblea Legislativa hacia la ciudadanía respecto a la futura Ley de Pensiones, y de transmitir las preocupaciones de dirigentes del magisterio, mineros, empresarios, gremiales, profesionales y jubilados, con quienes analizó y discutió la mañana de este martes 21 el contenido del anteproyecto de Ley que propone el Gobierno Nacional.

Por su parte, la asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, señaló que la Constitución sostiene, “que el Estado se hará responsable de toda administración social pública, pero nuestros aportes no son públicos, son privados, y lo que se promueve (con el anteproyecto de Ley de Pensiones del oficialismo) es una confiscación, sobre todo si no nos da las garantías de una administración eficiente”.


El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, dijo que “es fácil ser solidario con plata ajena”, en referencia a que -con la aprobación de la propuesta oficialista- los únicos que aportan al fondo de vejez son los empleadores y los trabajadores, y no así el Estado “pese a que es su deber otorgar seguridad social para preservar la fuerza de trabajo de la angurria de ganancia de los empresarios”.

Asimismo, el especialista Armando Álvarez aseveró que la propuesta de Gobierno uniforma rentas miserables para todos los jubilados y la mayoría continuará sin jubilación. Mientras el especialista en fondos de pensiones, Fernando Mompó, cuestionó sobre la preferencia ciudadana respecto a que ahorros los maneje un privado -que además los invierta para generar más dinero- o si querían ponerlos en manos de una administración que podía apropiarse de sus aportes.  

Los puntos neurálgicos de la discusión fueron la universalidad que debe tener el nuevo sistema de pensiones, en concordancia con la Constitución Política del Estado; las rentas bajas de jubilación del actual sistema y que deberían ser aumentadas ahora que se trate una nueva ley; la transferencia de ahorros individuales a un fondo común denominado fondo de ahorro previsional que se constituye en una confiscación de los aportes de los trabajadores por parte del Estado; la actualización de la renta de vez que estaría a expensas del manejo del Estado de acuerdo a la rentabilidad de las ganancias y la mortalidad de los aportantes; el aporte al fondo solidario que sólo recae sobre los mismos trabajadores y aportantes; la insostenibilidad del nuevo sistema que sólo duraría cerca de 30 años; y la administración con alto grado de arbitrariedad en manos del Estado.