Fabian II Yaksic Feraudy

Por Fabián II Yaksic[1]

La coparticipación tributaria definida hace más de 22 años en la Ley de Participación Popular, establece que del total de la recaudación de siete impuestos nacionales (IVA, RC-IVA, IUE, IT, ICE, ISAE y GA) el 75% se queda para el Gobierno Nacional, 20% para municipios y 5% para universidades. Está distribución apostaba a una descentralización municipal y apoyo a las universidades públicas, cuando no existían los Gobiernos Autónomos Departamentales, que en ese entonces eran Prefecturas a cargo de la ejecución en los Departamentos de la inversión pública nacional.

El año 2005 se promulga la Ley de Hidrocarburos en la que se instituye el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con porcentajes de distribución para Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Universidades y Gobierno Nacional, que sumado al 11% de Regalías para Departamentos productores, ha provocado asimetrías en los ingresos de las Gobernaciones.

Como se puede apreciar en el Gráfico precedente, elaborado en base al total del Presupuesto Inicial 2016 de las Gobernaciones(expresado en millones de bolivianos), la Gobernación de La Paz es la que menos recursos dispone por habitante (470 bolivianos), a diferencia de la Gobernación de Tarija que cuenta con más de 5000 bolivianos por habitante.

En estos últimos días, algunos Ministros, se han dado a la tarea de interpretar aviesamente las cifras oficiales del Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por lo que me parece fundamental informar sobre la fuente de sus recursos disponibles y el destino de los mismos.

Un primer aspecto que es preciso aclarar, es que del total del presupuesto inicial 2016, sólo el 45% es ADMINISTRADO DIRECTAMENTE por la Gobernación de La Paz (601,13 millones de Bs.). Los restantes 55% (734,75 millones de Bs.) son subvenciones del TGN para pagar los ítems presupuesto, al igual que los recursos propios administrados por Hospitales e Institutos “dependientes” de la Gobernación.

Por tanto el presupuesto real de recursos para gastos de funcionamiento, ejecución de programas de capital, proyectos de pre inversión e inversión pública que administra la Gobernación de La Paz es algo más de 601 millones de bolivianos, de los cuales por transferencias de Regalías, IEHD, IDH y Fondo de Compensación recibe algo más de 463 millones de bolivianos. Los Recursos propios que genera la Gobernación por venta de valores, trámites, peajes y otros ascienden a 56,27 millones de bolivianos, que representan algo más del 4% del total.

A propósito de la última cifra referida a generación de recursos propios, se ha dicho que la Gobernación de La Paz no está haciendo ningún esfuerzo fiscal o carece de imaginación para cobrar impuestos. Lo cierto es que por muy imaginativos que uno pueda ser, las leyes nacionales establecen límites al desempeño fiscal de las gobernaciones, estableciendo restricciones a tres posibles hechos generadores (impuesto a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles; propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática; y la afectación del medio ambiente). En el caso del publicitado impuesto a la sucesión hereditaria, el mismo que la Gobernación de La Paz empezará a cobrar en este mes, le significará en el mejor de los casos unos 10 millones de bolivianos. En el caso de la afectación al medio ambiente, realmente se requerirá mucha imaginación para identificar el hecho generador, que no sea el proveniente de vehículos, hidrocarburos, minería y electricidad, excluidos por la norma.

En referencia a los egresos o destino de los recursos públicos, la situación es por demás limitada, como se puede evidenciar en el cuadro de egresos. El Presupuesto está condicionado y predeterminado en un gran porcentaje por normas y políticas nacionales. Tal el caso de los más de 122 millones de bolivianos que se transfieren a varias políticas nacionales, entre ellas a la renta dignidad. O los 27,65 millones de bolivianos que tienen destino determinado por disposiciones nacionales, como el prediario del régimen penitenciario nacional. Es decir por un lado el Gobierno Nacional transfiere recursos a las Gobernaciones, y por otro los vuelve a recuperar para financiar políticas públicas nacionales.

El Presupuesto 2016 destinado a proyectos de Inversión Pública, suma algo más de 200 millones de bolivianos para invertir en caminos, puentes, electrificación, salud, desarrollo económico y productivo, gestión social, agua, seguridad ciudadana, deporte, entre otros.

Esta estructura presupuestaria de la Gobernación de La Paz, restringida y con enormes limitaciones, es la que sustenta la necesidad de optar por el 4% de Coparticipación Tributaria que por supuesto significará superar el centralismo y consolidar el proceso autonómico establecido en la Constitución Política del Estado.

[1] Fabián II Yaksic, ex Viceministro de Descentralización y ex Diputado Nacional. Es Director del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Artículo publicado en el Suplemento Animal Político del periódico La Razón, 7 de agosto de 2016.

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